BOGOTÁ.

La violencia no da tregua en Colombia.

Según se informó este martes, más de 17 mil personas han tenido que dejar sus hogares en lo que va del año debido a que grupos ilegales --especialmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Clan del Golfo-- han tratado de dominar los sitios que antes controlaban las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con quien el gobierno firmó la paz en 2016 tras 50 años de conflicto armado interno.

Ingrid Rusinque --defensora delegada para los derechos de los desplazados de la Defensoría del Pueblo de Colombia, organismo que difundió la cifra-- dijo a The Associated Press que estos desplazamientos se han registrado en los últimos seis meses en 11 de los 32 departamentos del país y que la situación más preocupante se ha detectado en las poblaciones de Tibú, Catatumbo y Norte de Santander, zonas fronterizas con Venezuela.

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En todo el país han sido afectadas 17 mil 825 personas pertenecientes a 5 mil 262 familias.

Rusinque precisó que en los departamentos afectados hay una "mezcla de autores ilegales", es decir, disidentes de las FARC, integrantes de la guerrilla del ELN y del grupo narcotraficante más grande de Colombia: el Clan del Golfo. La causa de la violencia sería la disputa de territorio, ya que se ha detectado a los grupos ilegales en zonas estratégicas que coinciden con las regiones que anteriormente dominaban las FARC.

Hay muchos intereses ahí para controlar", agregó Rusinque. "Esto es una alerta que planteamos, ya que el año pasado tuvimos unas 12 mil 841 desplazados. Hemos  superado las cifras".

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A través de un comunicado emitido el mismo martes, la defensoría hizo un llamado al gobierno para reforzar las medidas de "protección, asistencia, reparación y restablecimiento de derechos fundamentales a las poblaciones afectadas resguardando su vida, libertad e integridad".

También se aseguró que el organismo ha realizado gestiones para proteger los derechos de la población con misiones de verificación, trabajo con otros entes humanitarios nacionales e internacionales, participación en los Comités Territoriales de Justicia Transicional y acciones de acompañamiento a retorno de las comunidades indígenas.