La Paz, Baja California Sur.- El Comité de Transparencia del XV Ayuntamiento de La Paz clasificó como “reservada” la información del contenido y cartografía del Programa de Desarrollo Urbano y Centro de Población (PDUCP) desde el pasado 25 de abril de 2018.

Esto después de recibir 6 solicitudes de información con folios 00132418, 00132518, 00133018, 00158618 y 00158618, que pedían obtener lo ya aprobado en la trigésima tercera sesión ordinaria de Cabildo, el 5 de abril de 2018.

La Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología a través de su titular, Armando Anaya Carbajal, presentó argumentos para no entregar la información basándose en la nueva ley de transparencia.

Esto fue considerado para una “primera reserva” de todo su contenido por un periodo de 10 meses.

El acta fue firmada por el presidente suplente del Comité, Juan Carlos González Bareño, como secretario general municipal.

También intervinieron y firmaron el dictamen de “reserva”: Rosa Evelia Solorio Ramírez, síndica municipal; Arlen Ivet Palacio Villanueva, sexta regidora; Raúl Adrián Calderón Jordán, tesorero municipal y Jesús Antonio Lucero López, oficial mayor.

Todos consideraron “fundados y motivados” diversos “alegatos” legales, similares entre sí, en donde Anaya Carbajal expone que facilitar el documento sería “un perjuicio que supera el interés público”, por lo que no se entregó el documento su Unidad de Transparencia.

“Existe un perjuicio que supera el interés público ya que al hacerse públicos el Programa de Desarrollo Urbano de La Paz y la Cartografía que forma parte de la actualización de este, los servidores públicos de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur, que participan en el proceso deliberativo para determinar la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de dicho instrumento con la planeación estatal y federal y esta autoridad municipal estarán violentando la condición de reserva que impera en tanto no sea adoptada la decisión definitiva que está sujeta a una valorización objetiva, en base a disposiciones de orden público e interés social (SIC)”, dice en su explicación de motivos.

“Por ser un instrumento que contiene opiniones, recomendaciones, o puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de los servidores públicos”, apunta el dictamen.

“El interés de un particular no puede estar por encima del interés general debido a que es claro que la divulgación de esta información puede causar daño al interés público”, menciona.

Mencionan estos puntos también como el riesgo “real”, “demostrable” e “identificable”, que exige la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para reservar dicha información al público.

Sus argumentos fueron acreditados cada uno, como “pruebas de daño”, en el acta 08/EXT/25-04-18, del Comité de Transparencia del XV Ayuntamiento de La Paz.

El pasado 18 de julio, el PDUCP 2018 fue publicado con un dictamen de “congruencia” a favor, por parte del gobierno estatal, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Quien presidió la reserva de esta información, el secretario general, Juan Carlos González Bareño, opinó que las asociaciones no tienen derecho de decir que “no se les tomó en cuenta”.

Esto debido a que “participaron en los foros de consulta” del Programa de Desarrollo Urbano y Centro de Población (PDUCP) de La Paz.

Dijo oficial su entrada en vigor una vez inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

“Difiero con las voces que he escuchado porque se hicieron muchos foros […] a quienes he escuchado en medios que no están de acuerdo los vi en las mesas de trabajo”, dijo el secretario.

“El PDU lleva un año de socialización, la propia ley así lo manifiesta, se dieron los tiempos legales, ahí está, quienes no participaron no tienen derecho hoy a decir que no se les tomó en cuenta”, expuso.