Cabo San Lucas, Baja California Sur.- En el marco del Día Mundial del Medio ambiente, conmemorado el pasado 5 de junio el presidente, Enrique Peña Nieto firmó diez decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. 

Estos decretos eliminan la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en las mencionadas cuencas, abriendo la posibilidad de que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria. 

Ramón Ojeda Mestre, presidente del Centro de Estudios Integrales de Innovación y el Territorio (CEIIT) explicó para Diario El Independiente, que el asunto es bastante tortuoso y difícil de entender, ya que el Gobierno de la República en lugar de expedir el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales que tiene 10 años sin publicarse, trabaja con el reglamento de la ley anterior, la cual está desfasada de la evolución que ha tenido no solo el derecho de aguas, sino el manejo de las cuencas. 

“Como ya se les termina y vienen las elecciones aprovecharon disfrazar el Día Mundial del Medio Ambiente con una medida en la que abren el espacio para la privatización de los recursos hídricos con pretextos ambientales, diciendo que en equis número de cuencas se permitirán aprovechamientos privados y aprovecharán la apertura para poder trasmitir los derechos de las concesiones y para abrir las posibilidades antes de que vengan las elecciones o se establezca un nuevo gobierno, que todo parece indicar que no va en el rumbo que ellos esperan” expresó, Ojeda Mestre. 

El presidente del CEIIT calificó esta acción del gobierno federal como un “madruguete” jurídico ambiental y un hecho muy reprobable por parte de Enrique Peña Nieto, quien presiente que las cosas van a cambiar de una manera profunda a nivel nacional y trata de generar situaciones causadas, de tal manera que la sociedad no pueda oponerse, porque los lapsos se acaban para combatir dichos decretos, sobre todo porque en materia ambiental hay una serie de defensas que se dan al medio ambiente, no a la privatización que quieren hacer con las cuencas y por eso utilizaron este mecanismo “perverso”, generando conflictos entre particulares, en el medio rural y con los empresarios. 

“Así lo pusieron ellos, para que fuera difícil de entender, que fuera espeso el panorama, pero los combatiremos frontalmente, aunque se tarden dos años los juicios al final esto se va a echar abajo” explicó el doctor Ojeda Mestre, toda vez que ya hay organizaciones a nivel nacional e internacional que buscarán echar para atrás el decreto firmado por Peña Nieto, sin embargo, el problema surge desde más atrás mediante una violación a la constitución por parte del ejecutivo federal, desde Felipe Calderón, quien no expidió el reglamento de la Ley General de Aguas.