La Paz, Baja California Sur.- La Contraloría General del Estado (CGE) encabezada por Sonia Murillo Manríquez, informó que los recursos invertidos en la obra de remodelación y embellecimiento del Malecón de La Paz en su primera fase, que ascienden a más de 150 millones de pesos, han sido debidamente revisados y analizados, pero reconoció que la obra tiene “peculiaridades” que han ocasionado su retraso.

Dijo que hay un “seguimiento permanente” al destino del recurso ejercido por la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad (Sepuim), del gobierno de Baja California Sur (BCS), con la finalidad de “que se ejecute la obra de acuerdo a lo contratado” y los avances que tiene a la fecha, esto como acciones “preventivas”.

“Se le ha dado seguimiento en virtud que tiene algunas peculiaridades, porque se suspende la obra en diciembre por fiestas navideñas, por el carnaval, porque ha habido carreras, entonces eso se acumula en tiempo para contratistas, hay que estar al pendiente por qué el atraso dices, pero qué motivó esa situación, como contraloría le damos seguimiento permanente”, dijo Murillo.

Dijo que además de la CGE, estos recursos tendrán una revisión posterior de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno de la República.

Por otro lado negó que se haya ignorado a la ciudadanía para la conformación del Comité de Contraloría Social de dicha obra, ya que explicó que “se tiene que convocar a parte de los vecinos”, en referencia a los empresarios restauranteros y dueños de licencias de alcohol que obtuvieron un lugar mediante un procedimiento todavía desconocido, para revisar y reportar cualquier irregularidad en la obra.

“Sí se hizo [la convocatoria], pero dentro de los mismos se tiene que convocar a parte de los vecinos que son beneficiarios de la obra, son comerciantes de la zona del Malecón los que forman parte de ese comité […] sirven para tener un enlace, ventanilla de comunicación, cómo va la obra, esa comunicación ha estado permanente con Sepuim”, garantizó Sonia Murillo.

“Pero esa comunicación es en relación a algunas situaciones que cada uno de ellos ve en la obra y se transmite a ellos y supervisores, es como se va manejando, en eso estriba la contraloría social”, aseguró.

"A discreción" formaron el Comité con empresarios de la zona

El Comité de Contraloría Social de la Primera Etapa de Embellecimiento del Malecón Costero de La Paz Baja California Sur (BCS), fue formado en noviembre de 2017 con la función de “contribuir a que las acciones se ejecuten eficientemente conforme al programa de trabajo y se desarrollen con transparencia y honestidad”.

Esto a pesar de que diversas asociaciones civiles manifestaron la necesidad urgente de establecer un comité independiente que se vigilara la debida aplicación de estos recursos del Fondo para el Fortalecimiento de Provisiones Salariales y Económicas del Ramo 23, asignados desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al gobierno de BCS.

El acta de constitución del comité fue firmada el 14 de noviembre de 2017 en las instalaciones ubicadas en Paseo Álvaro Obregón #1570 (Hotel Perla), y los integrantes electos de forma directa fueron: Laura Delia Coronado Pazos, presidente; María Dolores Palacios Valdez, secretaria; Angélica María Durón, vocal; y Francisco Javier Cota Walter, también como vocal.

También aparecen como "vocales adjuntos" los señores Alberto Fabricio Ruffo y Raúl de la Rosa Ramírez.

Los mencionados integrantes tendrían la función de vigilar que:

·         El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido.

·         Se cumpla con los proceso de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios.

·         El programa no se utilizara con fines político electorales, de lucro u otro destino al objetivo del programa.

·         El programa no sea aplicado afectando la igualdad de hombres y mujeres, entre otras actividades.

El documento menciona que estas actividades estarían contempladas desde agosto de 2017 a abril del 2018, a pesar de que el pasado 15 de diciembre fue la primera fecha límite establecida por la Sepuim en las licitaciones, de las que se comentará más adelante.

Los trabajos del malecón se han visto retrasados por motivos como la tormenta tropical “Lidia”, errores en la obra, así como la temporada navideña y la realización del Carnaval La Paz 2018; actualmente, no se ha instalado el “mobiliario urbano” ni los “detallados” que deberían haber sido colocados en el mes de marzo, ocasionando el cierre de diversas calles y vialidades.

El 21 de agosto iniciaron las mencionadas obras, que a través de 4 fases con diferentes licitaciones, fueron otorgadas a 4 empresas, que recibirán un monto acumulado de 128 millones 570 mil pesos, por un trabajo que deberá ser finalizado antes del 31 de diciembre del presente año; se desconoce el destino del monto no ejercido de los 150 millones de pesos inicialmente disponibles.

Los trabajos consistieron en la restitución de banquetas y guarniciones de ambos lados de la línea costera, de 2 y 4 metros, así como un piso de concreto uniforme; entre los puntos más importantes en los documentos se refiere que las empresas están obligadas a permitir la continuidad del tránsito durante los trabajos.

Esta etapa contempla nueva red de alcantarillado, agua potable, teléfono, energía eléctrica y televisión por cable, así como sustitución de mobiliario urbano; además, buscarán el reordenamiento del estacionamiento, que se eliminará de la calle 5 de mayo hasta el “muelle fiscal” y será restituido “en batería” lo que permitirá que la ciclovía se ubique totalmente pavimento y no sobre guarnición.

En septiembre de 2017, el Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz (CVLP), dirigido por Lucía Frausto, alertó que todavía no existían los comités de contraloría social ni los mecanismos de supervisión de esta obra millonaria, por lo que hicieron un llamado a la población a permanecer “vigilantes” de los siguientes licitantes:

La empresa “Arquitectura, Construcciones y Desarrollos Turísticos”, estuvo a cargo de la fase 1, comprendida entre las calles Manuel Márquez de León y Antonio Rosales, tras haber ganado la licitación pública nacional LO-903003993-E15-2017 con una propuesta aceptada por 32 millones 930 mil 73 pesos, representado en la firma por Yolanda González Ramírez.

La empresa “Desarrollo Corporativo Peninsular S.A. de C.V.” (Decope), propiedad de Carlos Estrada Talamantes, se hizo cargo de la fase 2, comprendida entre las calles Antonio Rosales y el callejón Ignacio Bañuelos Cabezud, tras haber ganado la licitación pública nacional LO-9090093993-E16-2017, con una propuesta aceptada por 22 millones 802 mil 654 pesos.

El constructor “Francisco Arnulfo Lizárraga Méndez”, se hizo cargo de la fase 3, comprendida entre el callejón Ignacio Bañuelos Cabezud y la calle 5 de mayo, tras haber ganado la licitación pública nacional LO-903003993-E17-2017, con una propuesta aceptada por 34 millones 777 il 010 pesos, representado en la firma por José Miguel Ojeda.

La empresa “Grupo Firme”, en conjunto con “Construcciones y Terracerías Vanguardia”, se hará cargo de la última fase comprendida entre las calles 5 de mayo y Juan María de Salvatierra, tras haber ganado la licitación pública nacional LO-903003993-E18-2017 con una propuesta aceptada por 38 millones 60 mil 422 pesos, representado por Alan Arce Camacho.