San José del Cabo, Baja California Sur.- Tras la presentación del estudio socioeconómico realizado para el alza de las tarifas del transporte y en la dinámica de participación de los invitados a esta cuarta y última mesa de trabajo para enriquecer el estudio y poder elaborar un dictamen para presentarlo en el Cabildo, Rubén Ocampo Licea, director del Instituto Municipal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IMDIS) de Los Cabos, fue el primero en dar sus opiniones y expuso que si bien hay rutas bien trazadas en relación a los lugares donde gira la vida de una persona con discapacidad, es necesario sensibilizar y concientizar a los choferes, así como legalizar un descuento mayor al 50 por ciento que existe en la Ley de Transporte, así como la asignación de espacios.

“Creo que faltan leyes más severas para el tema de los choferes que no cumplen la ley porque no hay una penalización para nadie, no está casada la voluntad del concesionario con el chofer, es decir, el concesionario da el descuento pero el chofer no lo aplica, porque no ve la discapacidad, no sólo es gente ciega o en silla de ruedas, hay personas con autismo que quizá no se ve, pero que el ruido de los camiones los estresan, tenemos dos casos muy alarmantes aquí, la Ruta del Desierto cerró la puerta en la mano de una persona con discapacidad, tenía diabetes y le cortaron los dedos, otra es una personas con parálisis cerebral, su discapacidad es profundamente evidente porque camina tambaleante y como siempre toma la pecera en el mismo lugar, lo tienen detectado y ya no se detienen, son casos de derechos humanos bastante agresivos y marcados”, sentenció.

Como amenazas, ve que al no haber un transporte apto, las personas con discapacidad estén condenadas a vivir en el encierro, lo que puede tener dos consecuencias, merma en su vida física o conlleva a la muerte, “desde que se creó este instituto hemos enterrado a 12 personas con discapacidad por cuestiones fáciles de resolver que se agravaron por el tema del encierro, no hago responsable al transporte, pero si hubiera alguno que pudieran tomar no dependerían de nadie para poderlos trasladar, porque la pobreza va curiosamente ligada de la discapacidad”, puntualizó.

Ocampo Licea manifestó que una persona con discapacidad se convierte en un gasto, porque no sólo es que alguien de su familia lo atienda, sino que se le den terapias, constantes visitas al médico, como ejemplificó sucede con algunas personas que para asistir al Centro de Atención Multidisciplinario (CAM), tomen dos transportes y por lo cual es necesario paguen una aportación mínima, pues estadísticamente en los días 14 y 29, el 50 por ciento del alumnado no van al centro de educación especial, porque o comen o van a la escuela.

Al respecto de la situación del Transporte, Gustavo Rubio Castro, en representación de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), lamentó que si bien ya hay resultados, cambios y mejoras en el transporte en Cabo San Lucas, al convertirlo a una visión empresarial, aún haya resistencia en San José del Cabo.

Dijo que el transporte es un sistema en malas condiciones, pero no sólo por los concesionarios, también los usuarios y las autoridades a través de las leyes y el reglamento, pues lamentablemente no los aplican o sancionan a los infractores. Además expuso que también es un tema de educación, pues cabe la conciencia de los choferes, ya que por encima de las obligaciones que debe cumplir, debe hacer las cosas bien.

Por su parte Erika Guadalupe Castro Olachea, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Los Cabos, propuso la posibilidad de que las personas que se encuentren en el proceso de crianza se les den la posibilidad de que con una sola tarifa vayan a varios lugares, por lo que consideró que la modernización y una cultura de buen trato, permitirá que las condiciones se mejoren para todos.

Cirilo Castro, director de Tránsito en Los Cabos, refirió tener muchas quejas diarias por el mal uso que dan a las concesiones, pues hay choferes que no respetan, por ejemplo, no usan las paradas oficiales provocando tránsito, no suben a las personas con discapacidad o a los alumnos, quienes acaban apedreándolos por las calles o dejan los camiones estacionados inclusive al frente de domicilios particulares, sin tener un orden.

Aunado a lo anterior, refirió que si bien ellos se dedican a sancionar a los automovilistas, por respeto a los pasajeros y a la oficina de Tránsito, no hacen la labor de revisar las unidades, por lo que lamentó la autoridad correspondiente no lo haga.

Lizli Orci, en representación de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, expuso que muchos turistas usan el transporte público para trasladarse y les cuesta trabajo hacerlo por la falta de paradas, así como de rutas e información al respecto, mientras que a los colaboradores, principalmente a quienes trabajan en operación de un hotel o restaurante, les lleva un alto porcentaje de su sueldo el pagar taxis por las noches, porque no hay rutas nocturnas que los lleven a sus domicilios.

Para concluir, Samir Savin Ruíz, secretario de la Comisión de Transporte, manifestó es enriquecedor, escuchar las opiniones de los diversos sectores, pues mejoran sustancialmente el contenido y abre nuevos temas a tratar con los ediles, por lo que serán incluidos en el estudio que pretende un balance justo entre lo que marca la ley y la sociedad demanda, pero sobre todo que de alguna manera todos puedan ganar, ese es el compromiso que nos llevamos.

Por su parte, Eulalia del Carmen Díaz Guzmán, presidenta de la Comisión del Transporte, consideró muy interesante la opinión de todos para hacer un mejor trabajo y aseveró, que si cada quien hiciera el trabajo que le corresponde, Los Cabos podría estar perfecto, es decir, si la sociedad cuida las unidades, si los transportistas mejoran sus servicios y las autoridades hagan cumplir la ley.

Finalmente agradeció el apoyo del IMPLAN y de quien elaboró el estudio socioeconómico, por su apoyo en las mesas de trabajo y anunció que será el próximo 13 de junio que se lleve a cabo la sesión plenaria, donde se dará a conocer el compilado de información que se sumará para el enriquecimiento del estudio socioeconómico para el alza de las tarifas del transporte.