La Paz, Baja California Sur.- El comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Itai) de Baja California Sur (BCS), Conrado Mendoza Márquez, aseguró que es dicho organismo garante, así como su contraparte nacional (INAI), las encargadas de sancionar el mal uso de datos personales por parte de los partidos políticos.

Al respecto informó que los partidos de carácter federal son atendidos solamente por el INAI, mientras que los partidos estatales como el Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS), el Partido Humanista (PH) y BCS Coherente son inspeccionados por el ITAI, de acuerdo a la Ley General de Transparencia.

“Estamos facultados para darle seguimiento al ejercicio político que hacen partidos como autoridades electorales, tribunales, para salvaguardar la seguridad y la privacidad del ciudadano, durante todo el proceso, los partidos políticos tienen que cumplir con la ley, hacerle ver a la ciudadanía para lo que ellos pueden usar sus datos personales”, dijo Mendoza.

Expuso que la credencial de elector que proporciona el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con 16 datos personales como la fotografía, domicilio, lugar y fecha de nacimiento, entre otros que pueden ser considerados “sensibles”, que al tener un mal uso por parte de los partidos políticos o autoridades electorales, “pueden costar la vida por violar un derecho de privacidad”.

“Los partidos deben estar en el entendido que deben hacer saber a los ciudadanos para qué son sus datos personales y concluido el presente proceso electoral, cuando cumplan ese fin cometido, deberán ser destruidos, el padrón electoral se entrega a cada partido político para constatar a las personas que votan, pero una vez terminado debe ser regresado a la autoridad”, agregó.

Por otro lado especificó que los partidos locales pueden ser acreedores a multas acumulables de entre 12 mil y un millón de pesos, de acuerdo al impacto o grado de afectación, por el mal uso de datos personales; además, especificó que toda institución política que llame a los ciudadanos a sus teléfonos particulares, está obligada a dar a conocer su aviso de privacidad.

“No te pueden llamar sin consentimiento, salvo que tu autorices que te sigan llamando, propaganda política de un candidato en lo particular que quieras tu conocer, pero de no ser así tienes derecho a denunciar, a la debida verificación y cancelación, de cualquier intención que no sea de conocimiento tuyo, para que los partidos dejen de molestarte”, finalizó.