San José del Cabo, Baja California Sur.- En relación a la aprobación de la iniciativa que el Senado de la República aprobó de la nueva Ley de Biodiversidad y las reformas a la Ley General de Vida Silvestre y sobre la que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, había emitido un dictamen con 15 votos a favor para que se diera por aprobado el proyecto de minuta del Senado, Ramón Ojeda Mestre, secretario de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, celebró que gracias a las protestas ciudadanas, fundamentalmente las encabezadas por los núcleos de pescadores, hoteleros, prestadores de servicios, ejidatarios, académicos y grupos de la sociedad civil de Baja California Sur, logró frenarse para abrir un periodo de consulta ciudadana. 

“Esta es una ley nacional y debemos manifestarnos respecto a los distintos ángulos en qué nos puede llegar a perjudicar esa ley, más aún cuando Baja California Sur es la entidad de la República que más kilometraje de litorales tiene y por lo tanto la más vulnerable en sus riquezas marinas, faunísticas, como de flora y minerales que existen en el lecho marino y en la península, pero adicionalmente porque tenemos una infraestructura turística que vale cientos de miles de millones de dólares que está funcionando y que ha confiado en que la vocación turística del estado, no va a ser trastocada con un golpe de timón hacia actividades industriales o distractoras”, aseveró. 

En este sentido, Ojeda Mestre advirtió que es necesario que la Cámara de Diputados defina con claridad el artículo 57 que habla de actividades industriales, pues debe definir cuál es el alcance del término en cuanto que precise qué actividades estarán permitidas, qué autoridades darán los permisos, cuáles son las condiciones en que estos permisos se pueden otorgar, para qué actividades económicas y cómo se van a defender intereses de pescadores, ejidatarios, ganaderos, hoteleros, prestadores de servicios turísticos, visitantes en general, la riqueza cultural, paleontológica, rupestre y arqueológica, así como florística, pues permitirá que cualquiera venga a comercializar plantas endémicas, como la ciruela de monte, la damiana, el torote y cualquier otro cactus, lo que podría trastocar en el equilibrio ecológico de la península. 

“Por eso es importante que se haya abierto un nuevo periodo para que la Comisión de Medio Ambiente y la Cámara de Diputados federal, escuche en distintas partes de la República la inquietudes que tenemos, creo que es un gran triunfo de los sudcalifornianos que hayamos logrado que se pospusiera ese debate”, resaltó. 

Es por lo anterior, que el secretario de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, advirtió que en Los Cabos se están y estarán realizando foros con la comunidad en general, así como los diferentes núcleos que integran el sector turístico y pueden resultar afectados por esta decisión precipitada, que al fast track, aprobaron los senadores y pretendían aprobar los diputados, sin dejar de considerar a los defensores de derechos humanos, pues violaron el artículo 160 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo al dejar los intereses indígenas fuera y por lo que es necesario volverlos a consultar, además de que lo marca la Constitución. 

“No podemos dejar pasar el tiempo porque se termina el periodo de sesiones de la Cámara de Diputados y entramos en el periodo electoral, lo cual dificultaría desde el punto de vista político el que se pueda llegar a una buena conclusión, nuestra esperanza es que el dictamen de los diputados obligue a regresar el proyecto al a Cámara de Senadores y se hagan las modificaciones pertinentes y no en los términos en que la aprobó el Senado” 

Al respecto, Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, desconoció que se lleven a cabo estos foros, pues señala cuando se está analizando un dictamen, este ya debe de incluir la opinión ciudadana, pero advirtió efectivamente el camino que debe recorrer para su aprobación es largo y probablemente el periodo de sesiones no alcance y emitió su opinión sobre dos temas que generaban inquietud en gran parte de la población sudcaliforniana: la pesca y la minería. 

En referencia al proyecto que pretendía otorgar facultades a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a propósito de regular la actividad pesquera, refirió saber extraoficialmente que ha sido eliminado, “de ser esto cierto, estaría dejando resuelta la tensión que generaba dentro de los productores del sector pesquero”, puntualizó. 

En cuanto al relacionado con regular la minería con fines metalúrgicos en Áreas Naturales Protegidas (ANP), Mendoza Davis dijo que el proyecto de iniciativa y dictamen es omiso y consideró valió la pena destacar dos cosas, “no se está cambiando en nada el estatus, hoy no hay nada que prohíba la actividad en ANP, lo lamentable acaso es que la Ley de Biodiversidad pierde este oportunidad de poder incluir una protección a las mismas”. 

“Yo quiero recordar que cuando fui Senador de la República por Baja California Sur, presenté una iniciativa en el Senado para modificar precisamente el tema en esta materia, en donde yo proponía de tajo prohibir todas las minerías con fines metalúrgicos dentro de las Áreas Naturales Protegidas, entonces no hay ningún cambio al respecto, lo que sí hay que decir es que hasta hoy el proyecto es omiso”, concluyó.