La Paz, Baja California Sur.- Con la negativa del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS) fue rechazada con 16 votos en contra y 6 a favor la proposición presentada por diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), para exhortar al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (Secfin) del gobierno estatal, Isidro Jordán Moyrón, a una rendición de cuentas ante el Congreso local.

La oposición proponía el formato de “comparecencia” ante el pleno, donde sería cuestionado por las "observaciones" hechas a la cuenta pública 2016  por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gobierno de Baja California Sur (BCS) que ascienden a mil 227 millones de pesos, debido a “daños” ocasionados a rubros como seguridad pública, educación, infraestructura y programas sociales.

Dicho pronunciamiento propició un debate legislativo entre los diputados del PAN, Alejandro Blanco Hernández y Maritza Muñoz Vargas, quienes votaron en contra de que el brazo financiero del gobernador Carlos Mendoza Davis aclarase dicha información y dijeron que las observaciones ya han sido “solventadas” en un 96 por ciento.

Inclusive Muñoz Vargas, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Poder Legislativo, esgrimió documentos emitidos por la Contraloría General del Estado (CGE) en donde refirió que “no era necesario” llamar a Jordán Moyrón debido a la correcta solventación de los recursos observados por la ASF, además de ser un procedimiento “en curso”.

Por su parte, Rosa Delia Cota Montaño, diputada independiente y simpatizante de Morena, reclamó a la diputada sobre los “pendientes” que aseguró, Maritza Muñoz Vargas dejó al desempeñarse como titular de la CGE en el sexenio del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, por lo que el debate se tornó largo, caluroso y ríspido entre los panistas y sus opositores.

El coordinador de la bancada PAN y presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alejandro Blanco, aseguró que el pasado 20 de febrero se dieron a conocer estas presuntas irregularidades para todas las entidades gubernamentales en México en sus cuentas públicas de 2016 y en todo caso, dijo que no corresponde a la Secfin aclararlas, sino a la Contraloría General.

Dijo que en esta ocasión se han observado 10 fideicomisos, que se traducen a la cantidad mencionada que representa un 9 por ciento del presupuesto total ejercido por el gobierno de BCS; aseguró que la administración de Carlos Mendoza Davis solventó las observaciones que fueron ocasionadas porque al momento de la auditoría “las obras estaban en ejecución”.

“Ese tema es de más de un mes y ahora lo traen a tribuna, los compañeros diputados dicen que no es político, pero en la tribuna hablaron del suceso penitenciario, hasta se culpa en el punto de acuerdo estos desvíos que ellos manejan, que pudo haberse evitado el motín del pasado sábado, hasta allá se van los diputados”, dijo Alejandro Blanco.

“En cuanto se terminen las averiguaciones, con gusto vamos a platicar con el Secretario de Finanzas porque a mí también me interesa que todo se invierta a como lo hemos platicado y todo se haga en el buen manejo de las finanzas, vamos a hacer testigos también de que se invierta el dinero”, dijo el líder de la fracción del PAN.

Los diputados opositores señalaron que 106 de 163 millones de pesos que “no están comprobados ni justificados” en materia de seguridad pública, incluyen un programa de video vigilancia para el Centro de Readaptación Social (Cereso) de La Paz, por lo que señalaron que el motín del pasado sábado pudo haberse evitado de tener debidamente ejercido el recurso.

“Que informen realmente por qué se dieron estas observaciones y cómo se subsanaron, pero es falso todo eso”, comentó la diputada Rosa Delia Cota Montaño.

Por su parte Guadalupe Rojas Moreno, de Morena, vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, expuso el desconocimiento del proceso legislativo por parte de los diputados suplentes del PAN que recientemente tomaron protesta, quienes tuvieron errores para votar el punto de acuerdo, al levantar la mano “en contra” sin que les fuera todavía requerido su voto.