La Paz, Baja California Sur.- Mediante cinco puntos acordados por los diputados locales, el Congreso de Baja California Sur (BCS) hizo un llamado al gobernador, Carlos Mendoza Davis y autoridades en materia de seguridad pública, para llevar a cabo acciones respecto al motín del Centro de Readaptación Social (Cereso) de La Paz, el pasado 7 de abril, a pesar de que el mandatario no ha mostrado su postura oficial al respecto.

Con una votación de 17 votos a favor, pero un voto en contra y una abstención de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), se aprobó el punto de acuerdo presentado por los diputados Rosa Delia Cota Montaño (independiente), Guadalupe Rojas Moreno (Morena) y Camilo Torres Mejía (PT) en donde el Poder Legislativo solicita al Poder Ejecutivo:

1.       Ordenar a quien corresponda una investigación a fondo y a detalle sobre las razones que provocaron la inconformidad y el motín de los internos en el Cereso de La Paz.

2.       Que se informe sin ocultamientos y de manera plena del resultado de la investigación a las y los ciudadanos de la entidad, así como de las medidas para castigar a los responsables.

3.       Ordenar a través de las instancias correspondientes la restauración de los derechos de los internos, en particular sobre las visitas de los familiares, a trabajar en los talleres y negocios que operan al interior del CERESO y a un mejor trato.

4.       Que se reorganice y se ponga en operación, con los adelantos tecnológicos y organizativos que corresponden a una institución como esa, de la Academia Estatal de Policía.

5.       Realizar gestiones inmediatas o en su defecto destinar recursos suficientes para la construcción de un CERESO en el municipio, fuera de la zona urbana de la ciudad de La Paz.

En su exposición de motivos, los diputados de izquierda criticaron que La Paz y BCS como entidad se haya convertido en un “estado de sitio”, con patrullas de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Federal (PF), la Policía Estatal Preventiva (PEP) y las policías municipales, helicópteros y “balaceras” recorriendo las calles.

También se puso de manifiesto la “costumbre en el gobierno”, al negar los hechos sucedidos en el penal mediante un informe oficial presentado por el Secretario General de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, en donde negó que se tratara de un “motín”, pero reconoció un “enfrentamiento entre reos y que solo 20 de ellos habían participado.

Al respecto, opinaron que gracias a las redes sociales y medios de comunicación, se logró contar con una declaración fidedigna de un reo, quien declaró la participación de más de 50 internos en dicho conflicto, debido a una “inconformidad” en contra del director del Cereso, Andrés Martínez Chavez, por recurrir a la “extorsión” al cobrarles mil pesos semanales para garantizar “seguridad”.

Dijeron cuestionar la estrategia de seguridad y el manejo de recursos públicos para este sector, en relación a los “desvíos de recursos federales” entregados al gobierno de Carlos Mendoza Davis, específicamente las presuntas irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 68 millones de pesos, así como 38 millones “subejercidos”.

“Las irregularidades encontradas por la ASF explican en mucho, según la percepción de las y los ciudadanos sudcalifornianos, el fracaso de seguridad pública en la entidad, pero ahora también creemos que mucho explican los hechos ocurridos en el Cereso de La Paz”, expone el comunicado.

Recordaron al gobernador que el finado expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Silvestre de la Toba Camacho, advertía que el penal estatal operaba “en malas condiciones”, la necesidad de retirarlo de la zona urbana de la capital de BCS, su sobrepoblación y la falta de garantías para un trato digno y buena alimentación.

“El trato posterior al motín por parte de las autoridades carcelarias […] ha sido violatorio de los derechos humanos, como se aprecia en redes sociales, obligando a internos a colocarse boca abajo en el piso amarrados muchos de ellos, incomunicándolos, aún de los familiares, confiscándoles pertenencias e […] instrumentos con los cuales trabajan al interior”, exponen.

Dijeron que la necesidad de solventar irregularidades en la organización y operación de la Academia Estatal de Policía, “que no está cumpliendo” con su objetivo: entregar policías y custodios capacitados para el desempeño correcto de sus responsabilidades.

“Demandamos al Ejecutivo del Estado y en particular, a las autoridades del ramo de seguridad pública, se realice una investigación a fondo sobre los hechos ocurridos el pasado 7 de abril y se tomen las medidas necesarias para restaurar la tranquilidad y el respeto a los derechos humanos en el Cereso de La Paz”, finalizaron.