La Paz, Baja California Sur.- Resulta “impostergable la creación de una Comisión Investigadora sobre las posibles irregularidades en la Primera Etapa de Embellecimiento del Malecón Costero de La Paz Baja California Sur (BCS), ejecutada por el gobierno estatal con recursos por el orden de 150 millones de pesos del Ramo 23, asignados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Así lo manifestó Guadalupe Rojas Moreno, coordinadora de la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de BCS, quien expuso que el Poder Legislativo tiene el deber de revisar los criterios de eficiencia y eficacia en la obra de remodelación iniciada en agosto de 2017, con diversos retrasos y evidentes irregularidades en su ejecución.

“Que cumpla con los criterios […] con su uso no electorero, con que se priorice como inversión pública en beneficio de la sociedad y no de negocios de unos cuantos particulares. Pero sobre todo, que no se intente con esta obra avanzar hacia la implantación de facto, sin consensos, discusión, ni análisis, de un modelo de turismo de alto impacto”, dijo Rojas Moreno.

Dijo que “más allá de los estilos y prioridades” en el ejercicio del poder, se debe garantizar que por encima de cualquier “rentabilidad electoral o beneficio particular”, que la obra pública no será una herramienta de corrupción; criticó las promesas del  gobernador, Carlos Mendoza Davis, al inicio del proyecto, cuando anunció la creación de un nuevo espacio de clase mundial.

“A pesar de que la primer etapa de la obra, debía haber concluido el 15 de diciembre del 2017, en esa fecha sólo se anunció que su avance había llegado a poco más del 80%, en buena medida por los errores que se habían detectado en la propia obra […] lo cual puso en evidencia o la mala calidad de los materiales, o serios defectos en la realización de algunas etapas de la misma”, dijo.

Por último señaló la información dada a conocer por este matutino: que desde noviembre de 2017 se instaló un “Comité de Contraloría Social” para dicha obra pública de manera opaca nombrando a empresarios del lugar como sus integrantes, sin convocatoria alguna para la sociedad civil, a pesar de la insistencia de asociaciones para tener ciudadanos capacitados.

“La importancia de garantizar la congruencia de la obra, además de respetar el estilo arquitectónico del Centro Histórico de La Paz, lo que ha podido observarse por la ciudadanía, es precisamente lo contrario: una obra que rompe con cualquier precedente urbano arquitectónico del propio malecón, así como de la ciudad misma”, finalizó.

Desde el mes de enero de 2018, existe una propuesta en comisiones del Poder Legislativo para crear la Comisión Investigadora de la mencionada obra, misma que no ha rendido frutos a propuesta de la diputada Rosa Delia Cota Montaño.