La Paz, Baja California Sur.- No hubo convocatoria alguna para conformar el Comité de Contraloría Social de la Primera Etapa de Embellecimiento del Malecón Costero de La Paz Baja California Sur (BCS), formado en noviembre de 2017 con la función de “contribuir a que las acciones se ejecuten eficientemente conforme al programa de trabajo y se desarrollen con transparencia y honestidad”.

Esto a pesar de que diversas asociaciones civiles manifestaron la necesidad urgente de establecer un comité independiente que se vigilara la debida aplicación de estos 150 millones de pesos asignados desde el Fondo para el Fortalecimiento de Provisiones Salariales y Económicas del Ramo 23, asignados desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al gobierno de BCS.

El acta de constitución del comité fue firmada el 14 de noviembre de 2017 en las instalaciones ubicadas en Paseo Álvaro Obregón #1570 (Hotel Perla), y los integrantes electos de forma directa fueron: Laura Delia Coronado Pazos, presidente; María Dolores Palacios Valdez, secretaria; Angélica María Durón, vocal; y Francisco Javier Cota Walter, también como vocal.

También aparecen como "vocales adjuntos" los señores Alberto Fabricio Ruffo y Raúl de la Rosa Ramírez.

Los mencionados integrantes tendrían la función de vigilar que:

•         El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido.

•         Se cumpla con los proceso de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios.

•         El programa no se utilizara con fines político electorales, de lucro u otro destino al objetivo del programa.

•         El programa no sea aplicado afectando la igualdad de hombres y mujeres, entre otras actividades.

El documento menciona que estas actividades estarían contempladas desde agosto de 2017 a abril del 2018, a pesar de que el pasado 15 de diciembre fue la primera fecha límite establecida por la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad (Sepuim) en las licitaciones, de las que se comentará más adelante.

Los trabajos del malecón se han visto retrasados por motivos como la tormenta tropical “Lidia”, errores en la obra, así como la temporada navideña y la realización del Carnaval La Paz 2018; actualmente, no se ha instalado el “mobiliario urbano” ni los “detallados” que deberían haber sido colocados en el mes de marzo, ocasionando el cierre de diversas calles y vialidades.

El 21 de agosto iniciaron las mencionadas obras, que a través de 4 fases con diferentes licitaciones, fueron otorgadas a 4 empresas, que recibirán un monto acumulado de 128 millones 570 mil pesos, por un trabajo que deberá ser finalizado antes del 31 de diciembre del presente año; se desconoce el destino del monto no ejercido de los 150 millones de pesos inicialmente disponibles.

Los trabajos consistieron en la restitución de banquetas y guarniciones de ambos lados de la línea costera, de 2 y 4 metros, así como un piso de concreto uniforme; entre los puntos más importantes en los documentos se refiere que las empresas están obligadas a permitir la continuidad del tránsito durante los trabajos.

Esta etapa contempla nueva red de alcantarillado, agua potable, teléfono, energía eléctrica y televisión por cable, así como sustitución de mobiliario urbano; además, buscarán el reordenamiento del estacionamiento, que se eliminará de la calle 5 de mayo hasta el “muelle fiscal” y será restituido “en batería” lo que permitirá que la ciclovía se ubique totalmente pavimento y no sobre guarnición.

En septiembre de 2017, el Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz (CVLP), dirigido por Lucía Frausto, alertó que todavía no existían los comités de contraloría social ni los mecanismos de supervisión de esta obra millonaria, por lo que hicieron un llamado a la población a permanecer “vigilantes” de los siguientes licitantes:

La empresa “Arquitectura, Construcciones y Desarrollos Turísticos”, estuvo a cargo de la fase 1, comprendida entre las calles Manuel Márquez de León y Antonio Rosales, tras haber ganado la licitación pública nacional LO-903003993-E15-2017 con una propuesta aceptada por 32 millones 930 mil 73 pesos, representado en la firma por Yolanda González Ramírez.

La empresa “Desarrollo Corporativo Peninsular S.A. de C.V.” (Decope), propiedad de Carlos Estrada Talamantes, se hizo cargo de la fase 2, comprendida entre las calles Antonio Rosales y el callejón Ignacio Bañuelos Cabezud, tras haber ganado la licitación pública nacional LO-9090093993-E16-2017, con una propuesta aceptada por 22 millones 802 mil 654 pesos.

El constructor “Francisco Arnulfo Lizárraga Méndez”, se hizo cargo de la fase 3, comprendida entre el callejón Ignacio Bañuelos Cabezud y la calle 5 de mayo, tras haber ganado la licitación pública nacional LO-903003993-E17-2017, con una propuesta aceptada por 34 millones 777 il 010 pesos, representado en la firma por José Miguel Ojeda.

La empresa “Grupo Firme”, en conjunto con “Construcciones y Terracerías Vanguardia”, se hará cargo de la última fase comprendida entre las calles 5 de mayo y Juan María de Salvatierra, tras haber ganado la licitación pública nacional LO-903003993-E18-2017 con una propuesta aceptada por 38 millones 60 mil 422 pesos, representado por Alan Arce Camacho.