La Paz, Baja California Sur.- Una auditoria federal reveló pagos irregulares por 146 millones de pesos a personal del Gobierno del Estado y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), principalmente por ser plazas no autorizadas o montos que excedieron a los autorizados.

La auditoría 568-DE-GF realizada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a participaciones federales del 2016 reveló que se destinaron recursos en la Secretaría de Finanzas y Administración y la PGJE por 109.6 millones de pesos para el pago de 525 plazas no autorizadas, además que 722 plazas excedieron a los montos autorizados por 54.8 millones de pesos. 

El gobierno estatal, luego de la inversión de la ASF, proporcionó información que acreditó la autorización de seis plazas, de las cuales se aclararon un millón 90 mil pesos, quedando pendiente de aclarar o reintegrar la autorización de 519 plazas no autorizadas por 108.5 millones de pesos. 

Además, el gobierno estatal acreditó 192 plazas cuyos pagos excedieron los montos autorizados por 17.2 millones de pesos, quedando pendientes de aclarar o reintegrar la autorización de 530 plazas por 37.5 millones de pesos, así como el inicio del procedimiento para determinar si funcionarios públicos incurrieron irregularidades. 

Aunque se constató que también hubo pagos no autorizados de prestaciones y compensaciones a personal de confianza por 473 millones de pesos, como por compensación adicional, compensación de servicios, despensa, complemento de percepción, subsidio al empleo, sueldo compactado, útiles escolares, ajuste de calendario, ayuda para transporte, bono de reinscripción escolar, compensación especial, compensación complementaria, sueldo compactado analista de información, entre otros, tras la intervención de la ASF el gobierno estatal si presentó documentación que justifica dichos pagos.

Según los auditores, el gobierno estatal no acreditó contar con un perfil de puestos autorizados en la Secretaría de Finanzas y la PGJE para la contratación de personal, de acuerdo a aptitudes y capacidades de cada uno de los trabajadores, por lo que se solicitó a la contraloría que realice investigaciones e inicie procesos contra los servidores públicos que no acreditaron haber implementado un perfil de puestos autorizados. 

Los auditores también constataron que Finanzas realizó retenciones del Impuesto sobre la Renta por 65 millones de pesos y solo enteró 61.1 millones de pesos de los meses de mayo, junio, agosto, octubre y diciembre de 2016. En tanto, de cuotas y aportaciones de seguridad social, fueron retenidos 17.3 millones de los cuales fueron acreditados solo 11.1 millones. 

Finalmente se identificaron 15 casos de pagos a personal posteriores a la fecha en que causaron baja definitiva por un monto de 204 mil pesos, también tanto dentro de Finanzas, como en la procuraduría estatal.