San José del Cabo, Baja California Sur.- Con respecto a la determinación que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de avalar cateos sin orden judicial, Egdar René Bertin Olachea, coordinador municipal de Derechos Humanos en Los Cabos, consideró es una decisión riesgosa, ya que tanto a la ciudadanía como a las personas en general, las coloca en una particular situación de vulnerabilidad, así como a las autoridades que intervengan, en el ejercicio de sus funciones. 

“El deseo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al emitir es acción de inconstitucionalidad ante varios artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, es con el objetivo de salvaguardar la mayor medida de los derechos humanos y las garantías que protegen la Constitución”, aseveró. 

En consecuencia, Bertin Olachea hizo hincapié en que la decisión es riesgosa, pues últimamente, con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que en esencia es mucho más garantista, se ha dado mucho la profesionalización de las policías, con la finalidad de que se logre haya una mayor confianza en las autoridades, particularmente las que intervienen en la seguridad pública, sin embargo, todavía en la conciencia general de la población es que existe poca confianza en las autoridades que trabajan en este rubro. 

“Obviamente que existe un mayor riesgo de hayan abusos de parte de las policías al tener esta carta abierta para poder inspeccionar personas y vehículos, sin que el juez de control intervengan en la persecución de algún alguna situación, la mayor posibilidad de perpetrar algún tipo de abuso y por eso mismo la Comisión de Derechos Humanos buscó limitar y no permitir que las autoridades tengan la posibilidad de incurrir en algún tipo de responsabilidad, incluso para las mismas autoridades los ponen una posición muy riesgosa, porque son más susceptibles de poder cometer algún tipo de abuso”, aseguró. 

El titular de Derechos Humanos en Los Cabos, insistió en que la decisión es muy riesgosa e incluso debatible, pues los ministros y los conocedores del derecho que hicieron el análisis, no se pusieron totalmente de acuerdo, pues se supo que hubo diferencias en algunos de los ministros y por lo que debió haberse debatido a mayor profundidad. 

“Como lo comenté antes, también es importante continuar trabajando para profesionalizar las policías y que los protocolos de actuación sean totalmente apegados a los derechos humanos, iniciando por las reglamentaciones, las leyes y que todas ellas no contraríen lo que establece la Constitución, que en este caso en particular hay mucho debate y puede ser que esté contrariando a lo que dice y principalmente el artículo 16 y 21 Constitucional”, concluyó.