La Paz, Baja California Sur.- Sería un “exceso” descargar la responsabilidad única del tratamiento a personas con discapacidad a un nivel de gobierno, o a los tres, señaló el gobernador de Baja California Sur (BCS), Carlos Mendoza Davis tras inaugurar una biblioteca incluyente en la escuela secundaria José Vasconcelos, en esta ciudad capital.

En entrevista para Diario El Independiente, el mandatario sudcaliforniano expuso que la inclusión “no es solamente un tema de recursos”, sino de “voluntad y consciencia”, por lo que aclaró que si bien, el gobierno estatal buscará recursos para inversión en infraestructura incluyente, dijo que construirla no sería la solución absoluta para la falta de inclusión.

“Quisiera sentir que el pueblo de BCS se siente corresponsable y está dispuesto a coparticipar para poder generar piso parejo a todas aquellas personas que lo necesitan […] y por supuesto el gobierno del estado a la hora de educar y engarzar en el mercado laboral a quien en su caso tuviese posibilidad o de cuidar a quien definitiva y lamentablemente no pudiera hacerlo por sí solo”, dijo Carlos Mendoza Davis.

“Siento que es demasiado, un exceso, querer descargar la sola responsabilidad del tratamiento de las personas con discapacidad en un nivel de gobierno o en los tres […] la visión será cómo podemos encontrar más recursos para invertir en toda la infraestructura  que requiere, pero no creo, de verdad, que eso vaya a ser de manera sustancial la solución que la sociedad le debe dar a un problema como este”, agregó.

Dijo necesaria la construcción de un plan estratégico para la generación de mayores espacios incluyentes, pero además gestionar los recursos necesarios; pero reiteró en todo momento que a pesar que “no todo se trata de recursos”, en BCS existen personas de “buen corazón” en la sociedad civil que se coordinan en el tratamiento para discapacitados.

Cabe mencionar que el presupuesto anual para el Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (ISIPD) para 2018 es de 2 millones 923 mil 437 pesos; es decir, solo 200 mil pesos mayor al de 2017, que fue aprobado por el orden de 2 millones 719 mil 658 pesos.