El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha emitido ninguna postura sobre el reciente encarcelamiento y liberación provisional del exalcalde priista Francisco Javier Monroy Sánchez, a pesar de haber sido requerida por los medios de comunicación; en este sentido, las dirigencias estatal y municipal han optado por ocultar sus posicionamientos sobre el mencionado proceso penal.

Al ser contactado por Diario El Independiente, Abimael Ibarra Abúndez, dirigente municipal del PRI, prefirió interrumpir la comunicación antes que declarar sobre el proceso por “uso abusivo de funciones” que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) logró judicializar en contra de Monroy, por haber beneficiado a sus empresas con pagos superiores a los 8 millones de pesos desde el ayuntamiento con ayuda de un prestanombres.

Monroy gobernó La Paz en el periodo del 6 de marzo al 27 de septiembre de 2015, como suplente de Esthela Ponce Beltrán, cuya gestión fue denunciada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desvíos de 800 millones de pesos por el alcalde panista, pero de acuerdo al alcalde, no se ven avances sustanciales en la judicialización de 22 carpetas de investigación.

Esthela Ponce actualmente es diputada plurinominal federal por el PRI, además dirigente nacional suplente de Movimiento Territorial (MT), uno de los principales sectores del tricolor, quien asegura no haber recibido llamado alguno de las autoridades e incluso no ha descartado iniciar procesos en contra del actual alcalde Armando Martínez Vega por posible daño moral.

A pesar de que “Nacho” Monroy amenazó al final de su administración con “renunciar” al PRI, el corredor no lo hizo y permaneció en el instituto político, en donde incluso cuenta con voz y voto en el Consejo Político Municipal y  participó en el proceso electivo en donde resultó elegido Abimael Ibarra como dirigente tricolor en La Paz, quien rechazó opinar.

“No, en ningún momento, soy consejero del PRI y la verdad ningún momento he estado yo […] efectivamente estoy bien […] la verdad que no, estoy bien, ahorita estoy tranquilo, he estado ahí en mi negocio, me han visto o sea, la verdad no […] la verdad sé que tengo la consciencia tranquila y discúlpenme la verdad”, dijo el exalcalde en entrevista para medios en agosto de 2017.

Solamente el diputado local Joel Vargas Aguiar, líder de la fracción del PRI en el Congreso de Baja California Sur (BCS), ha pronunciado una opinión al respecto en donde comentó que si bien este caso pudiera perseguir "un fin político", se mostró a favor de que se aplique la ley ante cualquier irregularidad que manifiesten los servidores públicos.

"En todo los casos, lo primero que debe prevalecer es el estado de derecho, que se cumpla con la ley, quien haya faltado a ella se le castigue ejemplarmente para unos y para otros, no olvidar también el caso del lavado de dinero de Ricardo Anaya", dijo Vargas Aguiar, en entrevista con medios.

Consideró que pese a que Monroy Sánchez pertenece a su partido, se debe ser "muy objetivo, y que la ley impere en todos los casos, en todos los momentos, todo el tiempo". 

Mediante el pago de una fianza de 4 millones 337 mil 266 pesos y 82 centavos, así como algunas garantías inmobiliarias, Francisco Javier Monroy Sánchez abandonó el Centro de Readaptación Social (Cereso) el pasado viernes 16 de marzo, a la espera de que el Juez Segundo del ramo penal determine su situación jurídica y la sanción correspondiente, en caso de ser declarado culpable de los delitos denunciados por el XV Ayuntamiento de La Paz.