La Paz, Baja California Sur.- El actual presidente municipal de La Paz, Armando Martínez Vega, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) ha demorado las investigaciones contra la administración de Esthela Ponce Beltrán por motivos “institucionales”; pero consideró que sí existe trasfondo “político” en la actuación que lleva con el candidato presidencial de “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés.

Esto después de que el candidato electo por la coalición entre el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC), acusara a la PGR de ser utilizada de manera facciosa por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para beneficiar electoralmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras involucrarlo en un caso de lavado de dinero.

En entrevista para Diario El Independiente, el alcalde de La Paz expuso que el gobernador de Baja California Sur (BCS), Carlos Mendoza Davis, ha colaborado "a tocar puertas" con el Ayuntamiento de La Paz para el esclarecimiento del presunto desvío, que insiste, es cercano a los 800 millones de pesos y ha ocasionado diversos bloqueos presupuestales del gobierno federal.

“No puedo decir que con fines políticos, pero […] ha retardado demasiado las investigaciones, tenemos más de año y medio y no hemos podido tener una solución y no es un caso político, es un caso institucional […] [Con Ricardo Anaya] ese sí ya es un tema político, que no opinaría yo, pero en el caso mío, es un tema institucional y se tiene que resolver”, dijo Armando Martínez.

“[El gobernador] nos ha abierto las puertas, nos ha ayudado a tocar puertas ahí en México para que nos atiendan, pero hasta ahí ha quedado el tema”, dijo el alcalde de La Paz.

Negó tener intenciones de dejar la resolución de estas denuncias en manos de la próxima administración municipal, que tomará protesta el 27 de septiembre del 2018,  para retirar los vetos económicos que han frenado el desarrollo de la capital de BCS.