La Paz, Baja California Sur. -El gobernador de Baja California Sur (BCS), Carlos Mendoza Davis, desmintió al candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, al negar reiteradamente la existencia de un “pacto de impunidad” entre los gobiernos estatales y el gobierno federal de Enrique Peña nieto, para solapar la corrupción en el manejo de los recursos públicos.

“Cada quien es responsable de lo que hace” y de asumir las consecuencias “en caso de que se hubiese obrado mal”, expresó, aunque dijo que también existe la “tranquilidad” al “saber que has obrado bien”, en referencia a las recientes observaciones en el manejo de mil 277 millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Por supuesto que no, no existe ningún pacto de impunidad entre gobiernos estatales y la Auditoria Superior de la Federación, mucho menos con el gobierno federal, aquí cada quien es responsable de lo que hace, y por supuesto que en su caso también de asumir las consecuencias en caso de que se hubiese obrado mal”, dijo el panista Carlos Mendoza Davis.

Por su parte, Ricardo Anaya, aseguró que el gobierno federal quiere sacarlo de la elección presidencial porque se comprometió públicamente a acabar con el mencionado “pacto de impunidad”.

El exdirigente panista se ha pronunciado públicamente para que el gobierno del presidente Peña Nieto detenga la "brutal embestida" en su contra y el uso faccioso e ilegal de la Procuraduría General de la República (PGR), tras involucrarlo públicamente en un caso de lavado de dinero.

Lo anterior, declaró, porque él sí se comprometió públicamente a romper el pacto de impunidad y a combatir la corrupción, cuando el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, dijo todo lo contrario y les ofreció “amnistía”, situación que el tabasqueño ha negado.

Anaya Cortés enumeró varios de los casos que se han dado a conocer y no se han castigado o investigado, y los cuales se resolverían en caso de que gane la presidencia: la Casa Blanca, el caso Odebrecht, el caso del socavón del Paso Express, la Estafa Maestra y los desvíos por más de 6 mil millones de pesos de la Sedesol, denunciados por la ASF.

Agregó que por ello está a favor de la reforma al artículo 102 constitucional (para que la justicia no "dependa del capricho del gobernante en turno") y de la creación de una comisión de la verdad que tenga asistencia internacional para investigar todos los señalamientos de corrupción.

Anaya ha señalado que en caso de encontrar a Peña Nieto culpable de algún delito por el manejo de los recursos públicos, “lo voy a meter a la cárcel”.

"No es una venganza política. Es una fiscalía autónoma, una fiscalía apartidista, acompañada de una comisión de la verdad con asistencia internacional con dos objetivos. Primer objetivo: verificar que esto no se convierta en una ‘vendetta', en una venganza; pero segundo, que no haya impunidad", aseveró.