La Paz, Baja California Sur.- Después de que se diera a conocer que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) logró que el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal emitiera una orden de aprehensión en contra del exalcalde de La Paz, Francisco Javier Monroy Sánchez, este último rindió su declaración preparatoria y le fue fijada una fianza de 4 millones 337 mil 266 pesos y 82 centavos para obtener libertad provisional.

Tras pernoctar una noche en el Centro de Readaptación Social (Cereso), trascendió que el exalcalde logró un nuevo amparo federal, en donde acusó un proceso indebido para su detención, con el fin de duplicar los plazos legales para la resolución del cas y la sanción final, que se conocerá cuando se emita una sentencia sobre el delito de “uso abusivo de funciones”.

De acuerdo a los reportes, este delito no es considerado grave en el Código Penal, por lo que el exalcalde acusado de hacer mal uso de 8 millones de pesos a través de un prestanombres beneficiando a sus empresas, podría salir en libertad si sus familiares logran reunir la cantidad estipulada por el juzgado, situación que hasta el momento no se ha confirmado.

Hasta el momento el encargado de la PGJE, Daniel de la Rosa Anaya, no ha emitido mensaje alguno al respecto además de un escaso boletín, donde se dio a conocer de la cumplimentación de la orden de aprehensión en contra del exalcalde, lo que tras 24 horas de la detención ha contribuido a la desinformación sobre el proceso del exalcalde de La Paz.

La detención se cumplió a pesar de que el propio exalcalde decía sentirse “tranquilo” y advirtió que las intenciones de encarcelarlo no prosperarían, gracias a que estaba “protegido” por el amparo con expediente 914/2017 que suspendía cualquier acto de arresto, cuando se dio a conocer que había una posible orden para detenerlo y llevarlo a disposición de un juez.

El actual presidente municipal Armando Martínez Vega y la Consejería Jurídica habrían actuado en su contra después de encontrar diversas irregularidades en la “auditoría forense” llevada a cabo a las cuentas públicas el XIV Ayuntamiento de La Paz, que hasta el momento seguía sin resultado alguno; además, en marzo de 2017, el Congreso local no logró entablarle un juicio político.