Propietarios del terreno afirman es un atropello, pues solo se colocan sellos y multas sin determinar qué acción se tiene que hacer para que el predio “opere conforme a la ley”.
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Cabo San Lucas (CSL), Baja California Sur.- “Por contravenir a las leyes ambientales”, (Así se lee en el ámplio sello colocado en el lugar), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausuró este martes 20 de marzo, el terreno ubicado frente a la playa Ocho Cascadas ubicada en Cabo San Lucas.
La lona en la que se lee en color rojo “CLAUSURADO”, y detalla un folio: PFPA/BCS/081/2018 y a razón de “CONTRAVENIR A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL” fue colocada minutos antes del mediodía en el acceso principal del terreno que es propiedad privada. Cabe recordar, es la segunda ocasión en menos de un mes, que la autoridad federal sanciona este lugar, la vez pasada por supuestamente dañar el medio ambiente al colocar arena en un espejo de agua en la zona.
Situación que de acuerdo con el representante legal del propietario y responsable del predio, Jorge Gastelum en entrevista exclusiva para Diario El Independiente, calificó el hecho como “un atropello”, pues al parecer, la dependencia federal sólo se avoca a colocar sellos y multas, sin explicar los motivos o el sustento para sancionar por el supuesto daño ambiental.
“Es una serie de atropellos que hemos tenido de parte de la Profepa según esto porque estamos generando un impacto al medio ambiente, una contaminación por tener pequeñas locaciones como carpas y remolques a lo cual dicen que dañamos el ambiente; Pero no nos dan chance de defendernos y no nos explican por qué estamos generando un daño al ambiente y cómo evitarlo, o como hacerle, [...] Llegan con puros sellos, sellos y sellos y las multas y punto”, declaró.
PLEITO AÑEJO
El representante del controversial predio puntualizó, cada acta y multa se acata y se da seguimiento, y aun así la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no explica cual es el daño que se está sancionando y ante esto, puntualizó Gastelum, pudiera ser una cuestión “política” o de presión por parte del gremio hotelero. Al respecto, señaló que el predio, genera alrededor de doscientos empleos.
“A la vez se atiende, todas las actas, pero lejos de eso, de darnos una solución y ayudarnos a estar bien, para poder laborar conforme a la ley. Entonces, a lo que nosotros lo vemos, sentimos que es por presión de los hoteleros y empresarios y cuestiones políticas, a lo mejor al mismo hotelero no le conviene que haya una carpita de masaje porque es competencia, pero de aquí dependen alrededor de doscientas personas en su mayoría madres solteras; gente mayor en muchos casos que en los hoteles no les dan trabajo, es gente que tiene la necesidad de trabajar”.
Jorge Gastelum aclaró que el predio es propiedad privada y se determinó ante la Comisión Nacional del Agua que no podía ser confiscado al estar cerca de un arroyo y tras dieciocho años de pleitos legales, ahora los conflictos son con Profepa.
“Es propiedad privada, tenemos las escrituras, está inscrito ante el registro público y hay un título, es un predio que estuvo en litigio con la Conagua, nos desviaron el arroyo y la conagua quería confiscar el predio; Se ganó el pleito que estuvo por dieciocho años y se demostró que es una propiedad privada pero ahora la profepa nos comienza a atacar que tenemos daño al ambiente. Para ellos es fácil llegar sin dar opción, clausurar y cerrar y toda esta gente fuera, a ver a donde se van”.
ARENA EN LA LAGUNA DE OCHO CASCADAS
La inconformidad en la sociedad cabeña, (Principalmente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos y el Consejo Coordinador Empresarial), se dio de manera pública, luego de que hace unas semanas, en redes sociales se difundieron imágenes donde un camión de carga, vertía arena sobre un cuerpo de agua que se genera en el predio en cuestión, hecho que fue calificado como un “daño al medio ambiente”, lo que culminó en un operativo de clausura, similar al narrado anteriormente.
Sobre esta situación, Jorge Gastelum explicó el porqué se realizó dicha acción, de la que la multa y sanción solo quedó en eso, sin que se determine por parte de las autoridades si la acumulación de agua en el lugar es benéfica o dañina para el entorno.
“Si hago, ¿Porqué hago? Si no hago, ¿Porqué no hago? Esa agua que está ahí estancada, genera a lo mejor algún foco de infección, tal vez mala imagen, entonces, contraté dompes de arena, de arena limpia que ellos traen donde tienen sus lugares con concesiones, que en general son de arroyos, prácticamente la misma tierra que está aquí, es el mismo arroyo. Traje dompes, que cuestan, que tienen un coste elevado y rápido me caen las autoridades, se me deja venir un operativo porque estaba contaminando la laguna, dañando la bahía y no sé qué cosas más”, argumentó.
Reviró, propietarios del predio señalado, están en la mejor disposición de poner orden y mejorar la imágen del lugar, pero aseguró, la autoridad no lo permite.
“¿Quien los entiende? Si trato de arreglar un poquito aquí, me detienen, si no, también nos están atacando entonces no sé qué hacer. Sobre las carpas, se quejan mucho los hoteleros que porque la mala imagen, ok, pero trato de construir una palapa bien hecha, bonita y a la altura de la playa, pero no se puede, porque no se tiene permiso y porque genera un impacto ambiental. Ni hacen ni dejan de hacer. Ya no quiero hacer nada porque buscan legalmente dañar, ya estamos “contra la pared”, quien los entiende”, finalizó.
Mientras tanto, la lona y los sellos de la dependencia federal continúan en el lugar. Al igual que en ocasiones anteriores, de manera científica no se ha precisado cómo se está dañando al ecosistema y que soluciones tendrán que aplicar autoridades y sociedad en su conjunto para concluir con el conflicto entre particulares y gobierno.