Aseguró que el alcalde Armando Martínez Vega ha seguido la detención de manera puntual y solicita que se continúen los procesos conforme a ley
La Paz, Baja California Sur.- Santiago Leal Amador, director de la Consejería Jurídica del XV Ayuntamiento de La Paz, aseguró que el alcalde Armando Martínez Vega, buscará robustecer y aportar mayores pruebas al proceso penal contra el exalcalde Francisco Javier Monroy Sánchez, quien podría llevar su proceso en libertad hasta la sentencia final sobre el posible delito de “uso abusivo de funciones”.
En entrevista para Diario El Independiente, el abogado municipal expuso que Martínez Vega celebró el actuar de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ya que la detención por el posible pago de 8 millones de pesos a una empresa fantasma, es un acercamiento al objetivo final de las denuncias interpuestas: la judicialización de estos hechos y la reparación del daño.
“Afortunadamente para el Ayuntamiento se están viendo los resultados en esta administración, las autoridades están funcionando, será necesario darle el seguimiento que corresponde en el tema o en el marco de la ley a través de las instancias correspondientes […] la principal motivación es resarcir el daño y que se puedan reparar los pagos indebidos del erario municipal”, dijo Leal.
“Rindió su declaración preparatoria y se le fijó una fianza, supongo que su defensa hará las gestiones para obtener esa fianza, exhibirla y obtener la libertad provisional […] desde ese momento daremos seguimiento al juicio penal, para ver qué otros elementos se pueden aportar para determinar la responsabilidad definitiva en el caso del ciudadano consignado”, agregó.
Expuso que al igual que ocurrió ante la PGJE, el Ayuntamiento de La Paz esgrimió los argumentos ante la Procuraduría General de la República (PGR) para judicializar otras carpetas de investigación contra exfuncionarios del XIV Ayuntamiento de La Paz, por lo que refirió que en este caso particular “estamos esperando que se tome la determinación” por la dependencia.
“Lo principal es que el ayuntamiento recupere su patrimonio y que los programas federales bloqueados se abran y el dinero que no se ejerció debidamente se compruebe de una manera […] se señalaron los pagos indebidos que se hicieron en el ayuntamiento durante la administración de Esthela Ponce y se señalaron a varios funcionarios”, finalizó.