La Paz, Baja California Sur.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) se negó a hacer públicas las irregularidades que ha encontrado en auditorías realizadas al gobierno estatal y a los municipios, y reservó dichos resultados por dos años, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información realizada por Diario El Independiente. 

Pese a que a nivel local y municipal ya se han iniciado procedimientos contra funcionarios que presuntamente incurrieron en faltas graves como el pago por obras no realizadas, presentar documentación apócrifa para justificar gastos o realizar compras sin facturar por cantidades millonarias, para la SPF dar a conocer dichas irregularidades "obstruiría el desarrollo de las actividades, así como la solventación de las irregularidades". 

Esto es opuesto a lo que suelen realizar otros entes auditores, como la propia Contraloría del Gobierno del Estado o la Auditoria Superior de la Federación, que han hecho públicas de manera periódica las irregularidades que han encontrado, se encuentren o no concluidas las auditorías. 

Pese a que las auditorias de 2015 y 2016 figuran en un listado ofrecido por la SFP a Diario El Independiente como "solventadas", tampoco fueron ofrecidos detalles de las irregularidades encontradas en revisiones a cómo gastaron recursos públicos dependencias como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas y Administración, la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte, y los Ayuntamientos de Los Cabos y Comondú. 

La SFP sí ofreció, en cambio, el número de irregularidades encontradas en las auditorias, siendo la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas y Administración y el Ayuntamiento de Los Cabos los entes gubernamentales que han acumulado el mayor número de observaciones en esos dos años. 

De las auditorias con mayor atraso en su solventación está la BCS/AFASPE/15 realizada a la Secretaría de Salud tras haber recibido recursos federales por un monto de 47 millones de pesos para programas como atención a adicciones, salud reproductiva, prevención y control del cáncer y prevención y control del dengue, entre otros programas. 

Tampoco han sido solventadas observaciones hechas al gasto de dinero público en obras de agua potable y alcantarillado en zonas rurales, según los resultados de la auditoría BCS/PROSSAPYS/15, y producto de la auditoria BCS/PRODEREG/15 a obras de pavimentación, inclusive la Contraloría ya ha declarado como prescritas algunas de las observaciones que la Función Pública se niega a revelar. 

Producto de la auditoria  BCS/CONTINGENCIAS INV-LOS CABOS/16 se encontró que personal del Ayuntamiento de Los Cabos incurrió en irregularidades en obras públicas, y aunque la Contraloría Estatal dio vista a la Contraloría Municipal para que investigara a los funcionarios involucrados e inclusive hizo públicos sus nombres, la SFP decidió mantenerlo en secreto. 

Cabe destacar que a la fecha ninguna auditoria iniciada en 2017 tiene en su totalidad solventadas sus observaciones. Tal como ya lo ha publicado Diario El Independiente, entre estas destacan la realizada al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Mulegé, al que se le acusa de desvíos millonarios durante la construcción de una laguna de oxidación en Santa Rosalía. 

Pese a que la Contraloría ya hizo públicos los nombres de funcionarios involucrados, los montos y las irregularidades encontradas, Función Pública considera dichos datos como secretos. 

También siguen pendientes por solventar irregularidades encontradas en pavimentación realizada en el 2017 en el Municipio de Comondú, un caso que ya se encuentra en manos de la Contraloría Municipal; obras realizadas en el municipio de Los Cabos, así como irregularidades encontradas en revisiones a los gastos de recursos públicos en los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur.