La Paz, Baja California Sur.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) pagó casi 5 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE)  a 14 trabajadores de cuatro centros de trabajo que no eran financiables con dicho fondo, reveló una auditoria federal.

Al igual que un año antes, los auditores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontraron que el gobierno estatal realizó 485 pagos por un importe bruto anual de 4.8 millones de pesos a 14 trabajadores que tenían 18 plazas adscritos a cuatro centros de trabajo no financiables con dinero del FONE. 

Tres de dichos centros con la Unidad Coordinadora Estatal del Programas Compensatorios, la Sala Popular de Lectura y la Coordinación de Validez Oficial para escuelas particulares de educación básica. En su informe, la ASF omitió el nombre del cuarto centro. 

Tras la solicitud de aclaraciones por parte de la ASF, el gobierno estatal dio información sobre los centros pero no proporcionó el convenio firmado durante el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), donde se demuestre que los centros de trabajo fueron transferidos por la federación. Tampoco enviaron formatos de notificación de movimiento en el catálogo de centros de trabajo.

Debido a esto, queda pendiente de aclarar o reintegrar un monto por 4.8 millones de pesos, así como el inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, por lo que no se solventa lo observado. 

Cabe destacar que en 2015 la ASF también había observado pagos por 5.1 millones de pesos a empleados de la Unidad Coordinadora Estatal de Programas Compensatorios y de la Sala Popular de Lectura, lo cual no es financiable por el FONE.

Para el ejercicio fiscal 2016 los recursos del FONE ascendieron a 4 mil 438 millones de pesos, de los cuales 4 mil 230 millones fueron por conceptos de servicios personales y 208 millones para gastos de operación, según la ASF.

La auditoría reveló que al menos 38 millones de pesos corresponden a pagos por conceptos que no cumplen con los fines del fondo, incluidos por 5 millones de pesos para los cuatro centros no financiables, además de pagos a 122 trabajadores que no fueron localizados y por falta de documentación justificativa y comprobatoria. 

Aunque en noviembre pasado la Contraloría General del Estado respondió a la ASF con información con el propósito de atender lo observado, dicha información no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren lo justifiquen lo observado