San José del Cabo, Baja California Sur.- Erick Iván Agúndez Cervantes, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Baja California Sur, compartió con El Independiente que dentro del monitoreo que realizan de los productos de la canasta básica, en específico el kilogramo de tortilla, en Los Cabos han iniciado procedimientos a dos establecimientos. 

Recordó que como lo señaló en rueda de prensa el procurador Rogelio Cerda Pérez, derivado de que se espéculo a inicios de año en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre el tema de un disparo en el aumento del precio por kilogramo de tortilla, es que se realizan operativos de verificación, vigilancia y monitoreo. 

“Cabe destacar que en nuestra entidad lo que es Baja California Sur hasta el día de hoy dentro de ese monitoreo y dentro de esas situaciones que se han venido dando con el kilogramo de la tortilla nosotros llevamos siete establecimientos con inicio de procedimiento por infracción a la ley y dentro de esos siete, dos pertenecen a lo que es el municipio de Los Cabos”, puntualizó. 

En lo que corresponde al costo del kilogramo de tortilla en la entidad, Agúndez Cervantes refirió que es un producto de precio liberado de entre los 16.50 y los 19 pesos, “cuando realizamos una visita de verificación si hay alguna diferencia entre el ejercicio del 2017 y 2018, solicitamos que acrediten documentalmente el aumentó, ya que sí hemos tenido casos donde hay aumentos justificados con las facturas de los insumos para la preparación de lo que es el kilogramo de la tortilla”. 

Compartió que también han sido alertados a través de denuncias ciudadanas, sobre lugares donde han subido el precio del kilo de tortilla de manera injustificada, mismas que han acudido a atender y derivado de las que se han abierto procedimientos por infracción a la ley, lo que no significa que puedan cerrar el negocio, pero sí para actuar con todo el peso de la ley con aquel prestador de servicios que estén violentando la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

“Decirte que en los productos de la canasta básica estamos nosotros realizando monitoreos constantes y visitas de verificación esto con la única finalidad de proteger los derechos de los consumidores de Baja California Sur […] añadir que la multa o el acto resolutorio por las faltas que se cometen, oscila entre mil quinientos y un millón y medio de pesos, esto se determina por el procedimiento por infracción a la ley, un procedimiento totalmente formal, apegado a la ley, donde hay diferentes etapas procedimentales”, concluyó el delegado de Profeco en el estado.