La Paz, Baja California Sur.- El Gobierno del Estado sigue a la fecha sin comprobar el destino que tuvieron 61.8 millones de pesos de participaciones federales, según una auditoria federal que reveló que de 83 millones de pesos en gastos, solo pudieron presentar a los auditores facturas que amparan 21 millones de pesos. 

Según los resultados de la auditoría 568-DE-GF a participaciones federales realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de 3 mil 427 millones de pesos recibidos para el ejercicio 2016, el gobierno estatal no pudo comprobar en una primera oportunidad cómo se gastaron 83 millones de pesos. 

Estos corresponden a conceptos pagados por partidas de energía eléctrica; arrendamientos de edificios; asesorías; servicios de consultoría, administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información; gastos de difusión; rotulaciones oficiales; servicios de producción y diseño publicitario; gastos de recepción, conmemorativos y de orden social, así como festividades y eventos

De dichas partidas, solo comprobaron el gasto de 39.8 millones de pesos con documentación justificativa y comprobatoria original, la cual cumplió con los requisitos fiscales, correspondiendo a la naturaleza del gasto. Sin embargo, no hubo evidencia de documentación del gasto de 83.8 millones de pesos y además, se retuvo el impuesto sobre la renta por casi un millón de pesos mismo que no fue entregado al Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

Derivado de dichas observaciones, el gobierno estatal presentó a la ASF  documentación justificativa por 21.9 millones de pesos y acreditó el haber pagado el millón de pesos al SAT, pero sigue pendiente de aclarar un monto por 61 millones de pesos. 

La Contraloría Estatal tampoco ha informado a la ASF el inicio de un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, por lo que se considera parcialmente solventado el gasto. 

Según la tercera entrega de la ASF a la revisión del gasto del 2016, dada a conocer esta semana, los auditores también encontraron irregularidades por casi 30 millones de pesos en el gasto del fondo para seguridad, principalmente en compra de vehículos sin factura, cursos que no estaban validados por autoridades federales y compra de uniformes sin contar con documentación comprobatoria.