La Paz, Baja California Sur.- Marina Garmendia Gómez, vocal ejecutiva de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California Sur (BCS) comentó durante una conferencia de Derechos Humanos que la cultura de nuestro país es profundamente discriminatoria y machista, siendo de suma importancia la participación de grupos y asociaciones que defienden este tipo de acciones.

En este sentido la funcionaria explicó que si bien, los Derechos Humanos se encuentran protegidos por la Constitución y su reciente reforma al artículo primero, aseguró que debemos tener claro que aunque estén en este importante documento y que forme parte de un marco jurídico que nos obliga a todos a cumplirla, estos derechos todavía no son parte de la realidad en que vivimos.

"Mucho tiene que ver en el origen y creación de las asociaciones civiles, la falta de acción o la falta de respeto de los Derechos Humanos de la propias autoridades, es importante recalcar que son las autoridades las principales encargadas y responsables de velar y defender los derechos humanos", señaló ante los presentes la titular del INE en el estado.

De acuerdo a un reciente estudio del INEGI - explicó Garmendia Gómez - se demostró de acuerdo a cifras y datos, que cualquier persona por el simple tono de su piel, tiene distintas oportunidades en la vida, es decir que mientras más oscuro es el tono de la piel menos oportunidades de empleo, educación y desarrollo van a obtener.

"Nunca debemos perder de vista que la discriminación se expresa de distintas formas y que golpea a todas las personas por igual, la discriminación no tiene que ver con una clase, origen y posición social, somos víctimas de la discriminación ya sea por color de piel, sexo, preferencia sexual y muchas otras razones que no pueden permitirse", indicó en el estrado.

Finalmente la funcionaria del Instituto Electoral explicó que se debe adoptar una nueva cultura, sobre todo por los cambios electorales y los cambio de personas en las instituciones, indicando que es importante emitir un voto responsable que refleje un razonamiento sobre lo que están ofreciendo los partidos políticos y los candidatos en materia de derechos humanos.