La Paz, Baja California Sur.- El Instituto de Vivienda (Invi) dependiente del gobierno del estado construyó casi 200 ampliaciones de viviendas, principalmente en La Paz y Los Cabos, pero gran parte de estas beneficiaron a personas que no estaban en pobreza extrema, de acuerdo con una auditoria federal. 

De acuerdo con la auditoría financiera realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del 2016, el gobierno destinó 4.6 millones de pesos para la construcción de 76 viviendas que no beneficiaron a la población ubicada en localidades con mayor rezago social o en extrema pobreza.

Bajo el contrato COP-INVI-BCS-FISE-01/16  se construyeron 24 ampliaciones de 16 metros cuadrados en La Paz, de las cuales ocho no fueron para personas en pobreza extrema y bajo el contrato COP-INVI-BCS-FISE-02/16 fueron construidas 22 en San José del Cabo de las cuales una no fue para una persona en pobreza extrema. 

Bajo el contrato COP-INVI-BCS-FISE-04/16 fueron construidas 22 ampliaciones en Cabo San Lucas, dos de manera irregular, mientras que bajo el contrato  COP-INVI-BCS-FISE-05/16 fueron construidas otras 22 viviendas en La Paz, de las cuales solo una fue para una persona en extrema pobreza. 

Otras 25 viviendas fueron construidas en San José del Cabo bajo el contrato  COP-INVI-BCS-FISE-06/16 pero 11 fue a dar a personas que no estaban en pobreza extrema. Bajo el contrato COP-INVI-BCS-FISE-08/16 en Ciudad Insurgentes fueron construidas 11 ampliaciones de las cuales nueve no fueron para personas en pobreza extrema y en Santa Rosalía bajo el contrato COP-INVI-BCS-FISE-11/16 fueron construidas 10 ampliaciones de las cuales ninguna fue en la casa de alguien en situación de extrema pobreza. 

También en Mulegé se regalaron ampliaciones a personas que no lo necesitaban. Bajo el contrato  COP-INVI-BCS-FISE-12/16 fueron construidas 10 ampliaciones de viviendas, ocho para personas que no estaban en situación de extrema pobreza. 

Debido a estas irregularidades, se presume un daño a la hacienda pública federal por 4.6 millones de pesos, más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, según el informe de auditoría.