La Paz, Baja California Sur.- Un centenar de trabajadores del relleno sanitario de La Paz pidieron la protección de la justicia federal ante la determinación del Ayuntamiento de La Paz de permitir que entre a trabajar en dicho lugar una compañía privada. 

Los trabajadores afirman que pese a que el alcalde Armando Martínez Vega se comprometió en 2016 a no permitir la entrada de empresas privadas al relleno sanitario para no quitarles a más de 300 personas su forma de vida, durante los últimos meses ha comenzado a ser construida una máquina con la que se pretende generar energía a partir de los desechos. 

El avance de los trabajos de construcción, de acuerdo con la defensa legal de los trabajadores, significa que el Ayuntamiento de La Paz dio marcha atrás a lo anunciado y permitió la privatización de la basura. 

A la fecha se desconoce el nombre de la empresa y si esta recibió alguna concesión o contrato por parte del Ayuntamiento, sin embargo existe el antecedente de diciembre de 2016 cuando Martínez Vega anunció que no permitiría la operación en el relleno de la firma E-Green Tech.

Dicha empresa firmó un acuerdo con la administración de Esthela Ponce Beltrán para convertir la basura en electricidad, pero al igual que con la adjudicación del alumbrado público a un privado, ese acuerdo fue desconocido al inicio de la administración de Martínez Vega.

De acuerdo con los trabajadores del relleno, el alcalde no les respetó durante todo el año pasado su derecho a ser escuchados, por lo que buscan que un juzgado federal obligue a Martínez Vega a reconocer sus demandas. 

Según los trabajadores, la compañía les avisó que tienen permiso del Ayuntamiento de La Paz para laborar en el relleno sanitario y que producto de esto pretenden contratar a unas 80 de las 300 personas que allí laboran, a las que se les pagaría el salario mínimo. 

Esto último ha sido rechazado por los trabajadores, al considerar que mediante el reciclaje de envases y la recolección de cobre suelen tener un ingreso diario mayor al salario mínimo.