La Paz, Baja California Sur.- Grupos de ambientalistas preparan un amparo contra la nueva ley de biodiversidad aprobada en septiembre pasado por la Cámara de Senadores, ya que esta permite actividades de alto impacto en áreas naturales protegidas. 

La misma también permite el uso comercial de mamíferos marinos y promueve una visión mercantilista de los recursos naturales, de acuerdo con grupos ambientalistas, como Medio Ambiente y Sociedad.

"La vamos a impugnar, estamos esperando a que pase por la Cámara de Diputados. Tiene una serie de errores tremendos pero además hay una anomalía porque hay un interés de la persona que la sacó que es la hija de [Ricardo] Salinas Pliego, Ninfa Salinas [Sada] es hija de Salinas [Pliego]", recordó Miguel Ángel Trasviña Aguilar.

Consideró que el hecho de que la hija del dueño de proyectos mineros en el país promueva una ley que permite actividades en zonas naturales protegidas como un evidente conflicto de interés. 

"Son una bola de sinvergüenzas, deshonestos que no ven para nada por el pueblo, ven por sus intereses", dijo a Diario El Independiente Trasviña Aguilar sobre algunos senadores. 

El proyecto de ley de biodiversidad no protege de manera adecuada recursos genéticos y su mercantilización, lo cual, según Greenpeace, podría agudizar conflictos asociados al acceso y reparto de beneficios a comunidades y pueblos indígenas. 

Además, no es claro en materia de consulta y participación ciudadana, pues los espacios que se proponen para eso están mal diseñados, en tanto que en sus transitorios establecen excepciones que abren la posibilidad del uso comercial de los mamíferos marinos. 

Además, no establece explícitamente la prohibición de actividades de alto impacto, como la minería y la generación de electricidad, dentro de áreas naturales protegidas, con lo que en lugar de proteger la biodiversidad, se protegen los intereses de los proponentes. 

Cabe destacar que una empresa propiedad de Grupo Salinas mantiene un litigio con el Ayuntamiento de La Paz, luego de que este último se negara a tramitar el cambio de uso de suelo para que pudiera operar una mina de oro al pie de la Sierra de La Laguna.

El Ayuntamiento ha considerado que aprobar dicho proyecto dañaría el principal manto acuífero de la región, de donde se obtiene el agua que consumen los habitantes de La Paz.