La Paz, Baja California Sur.- Una auditoría realizada a obras de pavimentación adjudicadas por el Ayuntamiento de Comondú reveló pagos por trabajos no realizados en calles de Ciudad Constitución y Ciudad Insurgentes, asunto por el cual son investigados dos funcionarios municipales.

Los presuntos responsables de los pagos, Guadalupe Salvador Leoz Zatarain y Ricardo López Meza, director de obras públicas y residente de obras, están sujetos a investigación por parte de la contraloría municipal luego de que auditores estatales inspeccionaron calles pavimentadas entregadas y descubrieron que pese a que había actas de entrega recepción, algunos de los trabajos no estaban finalizados. 

Las observaciones, derivadas de la auditoría conjunta BCS/FORTALECIMIENTO-COMONDÚ/17 practicada por la Secretaría de la Función Pública (SPF) en conjunto con la contraloría estatal, son del análisis de los contratos, conceptos, estimaciones, facturas, y resultados de visitas de inspección a seis de las obras realizadas por el Ayuntamiento de Comondú, que tuvieron un costo de más de 600 millones de pesos.

Las seis obras auditadas son la pavimentación de un tramo de la calle Miguel Hidalgo y otro de la calle Cuauhtémoc en Ciudad Constitución, a cargo de JRC Construcciones, S.A. de C.V., así como de varios tramos de la calle Álvaro Obregón en Ciudad Insurgentes, esto último a cargo de Carlos Daniel Herrera Jaredo. Dichas obras fueron entregadas a finales del año pasado. 

Aunque los funcionarios firmaron actas de entrega recepción donde indican que las obras fueron realizadas y cumplen con lo estipulados, una verificación física realizada en julio pasado reveló que en tres de ellas se pagó por trabajo que no se realizó. 

La SFP ordenó abrir la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades administrativas por la posible comisión de actos u omisiones durante el ejercicio público contra los dos funcionarios municipales antes mencionados. 

La contraloría estatal turnó el caso en septiembre pasado a la contraloría municipal, al afirmar que es solo de su competencia investigar y sancionar a servidores públicos municipales.