La Paz, Baja California Sur.- De los 10 millones de pesos de un programa federal invertidos para la construcción de una laguna de oxidación en Santa Rosalía, casi 2 millones de pesos fueron pagados por trabajos inexistentes, según una auditoria federal realizada a la obra. 

Estas comprenden dos de siete irregularidades que la auditoria BCS/PROSAN-OOMSAPASMULEGÉ/17 realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró en la obra, cuyo fin fue acabar con el derrame de aguas negras al mar, luego de que la anterior administración vendió el terreno donde se encontraban las lagunas de oxidación a la minera El Boleo. 

Entre las irregularidades más graves se encuentran pagos por un millón 349 mil pesos por trabajos no realizados por el contratista, Francisco Javier Talamantes Castro, de acuerdo con una inspección física de las obras realizada el 25 de julio del año pasado. 

Debido a esto, es investigado Refugio Alberto Meza Maclis, director general del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé en virtud de que existen probables faltas administrativas. 

Meza Maclis también es investigado por pagar casi 600 mil pesos por pruebas hidrostáticas que no se realizaron, por lo que nunca se verificó la hermeticidad de las tuberías empleadas en la obra. 

Además, el funcionario no cumplió con la elaboración, uso y requisitado de bitácoras de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, además de que realizó una deficiente integración de la información que documenta los procedimientos de las obras y hubo una falta de controles internos para la integración de los expedientes. 

Los auditores también descubrieron que parte de la documentación presentada por el organismo operador estaba alterada. En esta se describen trabajos que en parte no se habían realizado, como la colocación de geomembranas o las pruebas hidrostáticas. 

A la par, también es investigado el director de administración y finanzas de la paramunicipal, Joel Villavicencio López, debido a que casi 500 mil pesos en recursos no ejercidos no habían sido devueltos a la federación, además de que se incurrió en falta de transparencia en el ejercicio del gasto federalizado. 

La obra fue construida con recursos del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales del ejercicio fiscal 2016 de los cuales se autorizaron 10.5 millones de pesos, integrados por 7.2 millones de recursos federales y 3.3 millones de recursos para el organismo operador. 

De todas las irregularidades, la contraloría estatal dio vista a la contraloría de Mulegé, para el deslinde de responsabilidades de los dos funcionarios públicos señalados.