La justicia argentina ordenó el jueves el procesamiento, desafuero y prisión de la expresidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de un atentado antisemita, en una causa que además llevó a la detención de dos importantes aliados políticos de la exmandataria, reportó la agencia oficial Télam.

El reporte añadió que el juez federal Claudio Bonadio pidió además el procesamiento del excanciller Héctor Timerman en la misma causa, aunque con prisión preventiva domiciliaria dado su complicado estado de salud.

Argentina acusó a Irán de ataques antisemitas perpetrados en 1992 y 1994, pero las pesquisas estaban estancadas tras años de investigaciones.

La asociación argentina-israelí AMIA de Buenos Aires sufrió un atentado que arrojó 85 fallecidos en 1994. En 1992, hubo un ataque a la embajada de Israel en Argentina, donde perecieron 22 personas.

El jueves por la madrugada, el exsecretario del área legal y técnica del Gobierno de Fernández y candidato a vicepresidente en las últimas elecciones presidenciales, Carlos Zannini, fue arrestado en la ciudad de Río Gallegos, en la patagónica provincia de Santa Cruz.

Casi al mismo tiempo, el dirigente político Luis D'Elia fue detenido en el Gran Buenos Aires, ambos por la misma causa.

Otros exfuncionarios de la administración de Fernández, quien gobernó Argentina en dos mandatos consecutivos, desde 2007 al 2015, están siendo investigados o han sido detenidos por la justicia.

Fernández recientemente fue electa senadora nacional.

·        Cristina Fernández asegura que esto es un abuso

Cristina Fernández, expresidenta argentina y senadora, se definió como víctima de una persecución y catalogó como un exceso y violación del Estado de derecho que un juez la procesara con prisión preventiva por presuntamente encubrir a los iraníes acusados del ataque a una mutual judía en 1994

Estas medidas degradan aún más a la justicia argentina y señalan al Gobierno y al presidente Mauricio Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición", expresó la exmandataria en una rueda de prensa en el Congreso junto a diputados y senadores de su sector.

El juez Claudio Bonadio procesó y ordenó hoy detener a Fernández, entre otros exmiembros de su Gobierno por los presuntos delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado y pidió al Senado que le despoje de la inmunidad de arresto, al considerar que puede entorpecer la investigación.

En la causa, que fue abierta tras la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella días antes de aparecer muerto en extrañas circunstancias, se investiga si un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 buscaba encubrir, a cambio de impulsar la relación comercial bilateral, a los imputados iraníes del atentado a la mutual AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune.

Lo que realmente se acordó para el memorándum (con Irán) fue lograr que quienes estaban acusados de haber participado en el atentado se les pudiera tomar declaraciones indagatorias", destacó Fernández, quien añadió que la causa por el ataque estaba totalmente paralizada porque Irán no extraditaba a los acusados.

En realidad lo que hicimos, además de favorecer el hecho de que se pudiera tomar declaración a los acusados, era actuar en el marco del derecho internacional", destacó sobre el pacto bilateral, que nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, fue declarado después inconstitucional.

En este sentido, la expresidenta remarcó que la firma del convenio se encuadraba en un acto de política exterior no judiciable que fue aprobado por el Parlamento.

Es una causa inventada sobre hechos que no existieron y un juzgamiento de política exterior desde el punto de vista jurídico. Todo esto que está sucediendo es un despropósito y un verdadero exceso", aseveró la viuda del también expresidente Néstor Kirchner, convencida de que la acusación contra ella no tiene bases ni jurídicas ni institucionales.

En su opinión, estas medidas buscan provocar daño personal y político a los opositores, a sus trayectorias y a sus ideas.

No hay causa, no hay delito ni motivo. Se juzgó y no hay causa. Bonadio lo sabe, el Gobierno lo sabe y el presidente Macri lo sabe", subrayó.

La expresidenta, que no descartó acudir a tribunales internacionales para denunciar su situación, criticó que se le acuse de "traición a la patria" porque a su juicio es un delito que solamente puede producirse si el país está en guerra.

En este auto de procesamiento Bonadio sostiene que los dos atentados (contra la AMIA y la embajada de Israel, dos años antes, que dejó 29 muertos) son actos de guerra, porque es la única manera que encontró en su mundo jurídico para poder traer de los pelos la figura", agregó.

Para Fernández, estas "maniobras" tienen un ánimo de persecución inédita de la oposición en tiempos democráticos, que tienen a Macri como "director de la orquesta" y a Bonadio como ejecutor de "la partitura judicial".