La Paz, Baja California Sur.- El XV Ayuntamiento de La Paz anunció a través de la síndica municipal Rosa Evelia Solorio Ramírez, que la empresa Gestión Integral de Recolección y Reciclados de Occidente SA de CV (GIRRSA) tuvo por invalidado el amparo 1039/2015 que promovió para que el presidente Armando Martínez Vega se viera obligado a respetar una “irregular” concesión de alumbrado público.

Esto después de que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito con sede en La Paz, emitiera la resolución de la revisión 197/2017, en donde invalidó el supuesto “contrato” firmado para dicho fin por el entonces presidente municipal, Francisco Monroy Sánchez a favor de la empresa que desde el inicio de la administración exigió un pago mensual de 4 millones de pesos.

“El supuesto contrato exhibido por la empresa y motivo de una promoción de amparo, fue determinado como inválido […] el XV Ayuntamiento de La Paz no tiene adeudo alguno con la empresa […] derivado de esta decisión […] se declararon fundadas las quejas presentadas por el Ayuntamiento y apoderados jurídicos”, dijo Solorio.

“Por lo tanto, no existe responsabilidad administrativa ni penal en contra del XV Ayuntamiento de La Paz, integrantes del cabildo o funcionarios públicos”, remató la síndica municipal.

Rosa Evelia Solorio dijo que la pasada administración “intentó privatizar el servicio de alumbrado público” para lo cual asignó aquel contrato que “obligaba” al Ayuntamiento de La Paz a pagar lo que para el día de hoy sería un total de 104 millones de pesos, resultantes de 26 meses en los que el alcalde desconoció cualquier efecto jurídico para dicho documento.

“Con esta modificación a la resolución del amparo promovido por GIRRSA se ratifica que la administración municipal no adquirió compromiso alguno ni responsabilidad jurídica o contractual con la empresa […] ya que no concluyó el procedimiento de licitación y por consecuencia, resulta inviable que se hubiera suscrito contrato alguno”, reiteró.

Negó que los miembros de la administración de Armando Martínez Vega hayan incurrido en un “desacato” como algunas versiones difundidas hicieron suponer, recalcando que la administración municipal “en todo momento estuvo al tanto de este litigio por la relevancia que representa para las finanzas públicas municipales”.

Por su parte, el director de la Consejería Jurídica, Santiago Leal Amador, confirmó que para los funcionarios responsables de haber llevado a cabo este contrato existen denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) desde septiembre de 2015, las cuales continúan su curso, pero recalcó que en todo caso, “depende de la decisión del ciudadano presidente en este tema y acataremos lo que él disponga”.