Cabo San Lucas, Baja California Sur.- Polémica gira alrededor de la Ley de Seguridad Interior, una ley que significa la utilización del Ejército para fines de seguridad pública y mantenimiento de la paz social. 

Dicha ley fue aprobada casi en su totalidad por la Cámara de Diputados y turnada al Senado, sin embargo, organismos nacionales e internaciones aseguran que la ley vulnera los derechos humanos, ya que además del combate a la delincuencia organizada esta ley implica la posibilidad de que el presidente la de República pueda hacer uso de la totalidad de la Fuerza Armada que está integrada por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para hacer frente a fenómenos que impacten al orden interno. 

Julio Castillo Gómez, presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos (CCC) expresó que la realidad es que es necesario que las fuerzas armadas o las fuerzas federales acudan en ayuda de los estados y de los municipio que están requiriéndolo, porque las instituciones de seguridad pública local y las procuradurías quedaron completamente rebasadas. 

“Es necesaria la ley, tiene que venir a cubrir un vacío que no se tiene regulado, que se tiene que regular. El proyecto de ley que aprobó el congreso por mayoría y que está en el senado desde el 30 de noviembre es una propuesta de ley que tendrá que revisar el senado y desde mi punto de vista es algo que tiene que pasar y tiene que pasar rápido porque la realidad ya la tenemos y desde hace tiempo”. 

Castillo Gómez explicó que la ley marca cuestiones interesantes y deja claro el respeto a los derechos humanos sin violentar ninguno de los artículos que en la Constitución están establecidos. Deja claro que para que una fuerza federal llegue a un estado o municipio tiene que ser a solicitud del estado o municipio o tiene que justificar la razón de por qué está solicitando ese refuerzo y en el caso de seguridad tiene que ver con el hecho que están siendo rebasadas las fuerzas locales por la delincuencia organizada. 

“Hay que analizarla bien, habrá que cuidarse el asunto de los derechos humanos, respetarse los derechos. Dejar muy claro como dice la ley que este tipo de intervenciones no tiene nada que ver con manifestaciones, ni eventos públicos, la ley establece que no es para eso. Yo siento que lo que se ha manejado es un poquito situaciones de algunos que quizá no hayan leído bien este documento y quizá por eso manejan algunas posturas diferentes”. 

Mencionó que dicha ley no debe politizarse, tiene que verse con mucha objetividad y madurez, porque se está hablando de seguridad, un tema que jamás debe ser politizado por intereses de distintas fracciones.