En estos días tan significativos de diciembre-como es la navidad y el año nuevo-me había propuesto relajadamente olvidarme u omitir temporalmente esos temas pesadones que se dan y siguen dando en el ámbito político, electoral, también de la inseguridad nacional, etc. y presentarles, selectos lectores, muy seleccionados pensamientos y reflexiones, poesía, ad hoc a estas fechas (algunos propios inclusive) pero debido a estas recientes definiciones de los poderes legislativo y ejecutivo, (que en su momento también el judicial), en torno al gran y trascendente tema de La Ley de Seguridad Interior emitida ya por los dos primeros poderes, me obligo a tener que tratarlo brevemente, muy en síntesis y conclusiones resumidas para no quemar espacio, aunque después lo trate más a fondo. Me referiré pues a lo de mi primer sumario: “Lo conveniente y lo inconveniente; lo bueno y lo malo de la Ley de seguridad interior; tema que ya inicié en una primera parte cuando estaba todavía el “estira y afloje” entre las Ongs internacionales, fuerzas vivas, y parte de la sociedad expresaron su rechazo a la militarización porque, dicen, perpetúa la violencia que se pretende revertir. Desde marzo de 2017, organizaciones sociales de México comenzaron la campaña “SeguridadSinGuerra”, para expresar su rechazo contra la Ley de Seguridad Interior.

Hoy vAsí pues y por eso hoy voy a presentarles, selectos lectores, este tema en función  del primer sumario que coloqué: “Pros y contras de la Ley de seguridad interior; a favor, EPN y legisladores; en contra, ONGS internacionales; CNDH, partidos y parte de la ciudadanía”.

Voy a comenzar sobre el principal impulsor de esta iniciativa, el presidente Enrique Peña Nieto, donde y cuando argumenta que la Ley de Seguridad Interior es necesaria. Sí, recién iniciada la discusión sobre la iniciativa priista para regular la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública fuera discutida por el Congreso esta Ley, Peña señaló que su aprobación es una "imperiosa necesidad". Señaló también que los retos de seguridad pública exigen objetividad, pues si bien la actuación de los militares se sustenta en su lealtad y disciplina, hace falta un marco jurídico adecuado que regule su actuación. “La actuación del Ejército y la Armada, en apoyo a la seguridad local, se sustenta en su lealtad, su disciplina y su apego a los valores y principios militares; sin embargo, esto no es suficiente, hace falta un marco jurídico adecuado que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos en tareas de seguridad pública”, indicó. “Confío en que el Congreso de la Unión atenderá con la urgencia que hoy se requiere esta importante iniciativa que brindará mayor certidumbre a las Fuerzas Armadas y a la sociedad mexicana”, agregó.

SIN EMBARGO EN CONTRARIO, ONGS INTERNACIONALES, Y FUERZAS VIVAS, LA RECHAZAN

ONG internacionales expresaron su rechazo a la militarización porque, dicen, perpetúa la violencia que se pretende revertir. Desde marzo de 2017, organizaciones sociales de México comenzaron la campaña “SeguridadSinGuerra”, para expresar su rechazo contra la Ley de Seguridad Interior.

Once organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, expresaron su “preocupación ante el avance de la Ley de Seguridad Interior o de las reformas legales que tendrían un efecto de militarización similar al que plantea”; también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han criticado la Ley de Seguridad Interior de México, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados del país, y está en debate en la cámara de senadores. Según alertan estas organizaciones, la intervención del ejército de México en los asuntos de seguridad interior que ampara esta normativa, podría suponer una grave violación a los derechos humanos de los mexicanos. En un comunicado, las organizaciones informaron que “durante décadas han documentado las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso sostenido de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en el país (…) así como la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos”. Ante esta situación, urgieron al Congreso mexicano a rechazar “una ley que levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional”.

EL PELIGRO DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

La Cámara de Diputados está por discutir un par de iniciativas de algo llamado seguridad interior. Se trata de un concepto que se inspira en las leyes patrióticas de los Estados Unidos, que otorgan poderes ilimitados a las fuerzas de seguridad para combatir el terrorismo. Con eso se vuelve permanente el exceso de facultades militares. En México, el concepto proviene de la época en la que aún existían revueltas locales armadas en regiones que requerían ser pacificadas por el Ejército. Ahora, el concepto se quiere reutilizar para otorgar al Ejército atribuciones para, en los hechos, participar en tareas de seguridad pública, para lo cual se eliminan controles, se renuncia a todo tipo de transparencia en la información y se abre la posibilidad de que las violaciones de derechos humanos crezcan aún más. Se desliza la idea de que, en sus acciones de seguridad interior, como sucede en las leyes patrióticas, se van a permitir ciertas violaciones a las garantías civiles, porque son ”necesarias” para garantizar la seguridad de la sociedad, ante peligros “mayores” a los que normalmente ponen en riesgo a los individuos.

El dictamen que circula no contempla la salida paulatina de los militares de las calles; por el contrario, garantiza las condiciones para su permanencia, por lo que será todavía más difícil la construcción de un sistema nacional policial. La ley no va a mejorar la seguridad del país, eso sólo puede suceder con prevención del delito, fuerzas de seguridad cercanas a las comunidades y enfocadas a reducir los niveles de violencia y la investigación eficaz de los delitos. Todo eso no va a suceder si el poder civil renuncia a esas responsabilidades en favor del poder militar.

La ley se puede aprobar por una razón incorrecta: el reconocer la labor del Ejército en las tareas de seguridad. Es evidente que los miembros de las Fuerzas Armadas hacen un enorme servicio al país, eso todos los reconocemos. Es también verdad que se les han encomendado tareas que no están preparados para realizar, porque en realidad no les corresponden. El resultado no ha sido bueno. Es imposible reducir la violencia cuando el combate al crimen se le encarga al Ejército, entrenado para maximizar el uso de la fuerza. El resultado son índices de letalidad similares a los de las guerras; entonces se genera una espiral de violencia y contantes afectaciones a la población en los operativos. El número de militares en las calles generó, casi de manera inevitable, violaciones constantes a los derechos humanos. En realidad, quienes sacaron al Ejército a las calles son los responsables de poner a los militares en riesgo, porque los enviaron a una misión imposible de cumplir con éxito.

La labor del Ejército tiene que ser valorada y reconocida, pero también analizada de manera crítica y, sobre todo, asignarle las tareas que pueden y deben realizar. Lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo retiramos, de manera ordenada y paulatina, a los militares, les encargamos las tareas para las que fueron entrenados y construimos un sistema policial nacional eficaz, transparente y bien evaluado. En realidad, la ley de seguridad interior es el resultado del fracaso de la estrategia de seguridad de este gobierno, que no solamente permitió el crecimiento de los homicidios del país, sino que no avanzó en mejorar las policías, algo que era su responsabilidad coordinar. Desgraciadamente no hay atajos, mejorar la policía es un elemento esencial para reducir la violencia crónica, con la ley de seguridad interior se evade esa responsabilidad y se incurre en enormes riesgos.

Pocas veces una ley ha generado un rechazo tan amplio por parte de organizaciones sociales, pero que no se limita a ellas. Los cuestionamientos también provienen, por ejemplo, del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su aprobación sería un cambio de dirección en la tendencia que ha tenido el Congreso mexicano de legislar para garantizar los derechos de los ciudadanos, para ahora legislar para restringirlos. La legislación en torno al papel del Ejército tendría que darse, necesariamente, junto a la que se requiere para cambiar el modelo policial y el de procuración de justicia. La idea de que se puede utilizar al Ejército cuando las instituciones están en riesgo genera una ambigüedad extremadamente peligrosa. Me parece que, en el fondo, la prisa por aprobar este dictamen responde a la estrategia de utilizar el Ejército como arma electoral. Jugar la irresponsable carta de mostrar un supuesto compromiso con la seguridad, con pasar una ley que supuestamente quiere el Ejército, pero que no resolverá ninguno de nuestros enormes problemas en la materia. Una salida para justificar los resultados con respecto al enorme fracaso de las políticas de seguridad de Peña Nieto.