La Paz, Baja California Sur.- Quedó sin efectos la “Ley de Fomento y Desarrollo Cultural”, después de que el gobernador de Baja California Sur (BCS), Carlos Mendoza Davis, ejerciera su veto total, al considerar que la creación de un “Fondo Estatal para el Desarrollo Cultural” (FOES) y un “Consejo Estatal de Cultura” como dice el dictamen, resultaría violatorio de normativas, programas y presupuestos estatales.

Esto al invadir competencias presupuestales de otras dependencias y las reglas de operación de programas federales, ya que el “fondo concentrador” de recursos pretendía operar con recursos otorgados por el Congreso y aportaciones de órganos culturales, con dicho “consejo”  como “órgano coordinador”, cuyos integrantes contarían con atribuciones “extra normativas”, refirió.

La Comisión Permanente de Cultura y Artes del Congreso, presidida por la diputada Rosa Delia Cota Montaño (independiente), dictaminó la mencionada ley que fue aprobada el pasado 11 de octubre por unanimidad en el Poder Legislativo, no obstante tuvo que ser devuelta a la comisión tras la decisión del Poder Ejecutivo de no publicarla en el boletín oficial.

“No entiendo el veto total, por qué nos lo vetan […] tampoco estaba implícito en la ley un gasto que fuera a hacer el gobierno si no era voluntario […] el gobierno tiene que hacer acciones pero si no las hace, no pasa nada, sin embargo es importante tener en BCS una ley que regule todas las actividades culturales y un sustento jurídico para los artistas”, dijo la diputada en cuestión.

En las observaciones del veto, el gobernador asegura que el decreto de “Ley de Fomento y Desarrollo Cultural” generaría una carga presupuestal adicional al Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC) y a diversas dependencias para la creación del FOES, el cual por su parte, contempla “apoyo” físico, gastos de logística y transportación y “cualquier otro” para su funcionamiento.

El gobernador indicó que el dictamen “no proyectó el costo de cumplimiento de la norma” y además duplicó funciones y atribuciones del ISC para entregarlas al “Consejo Estatal de Cultura”, compuesto por 12 integrantes y un presidente; asimismo, observó fuentes de financiamiento que “violan disposiciones” de la debida aplicación de recursos federales, estatales y municipales.

Aseguró que al prever destinos específicos para el gasto público en materia cultural, la pretendida ley modificaba el marco de actuación de dependencias y entidades que debían promover y destinar recursos al fondo; además, la ley vetada obligaba a una mayor asignación presupuestal para llevar a cabo las nuevas tareas contempladas.

También estipulaba que el gobernador debería promover recursos para el patrimonio cultural “destinando un porcentaje para tales actividades del impuesto estatal al turismo”; además, el Consejo Estatal de Cultura tendría facultades para promover la ampliación y construcción de espacios para arte y cultura ante las instancias estatales correspondientes.

Además el Consejo Estatal de Cultura se encargaría de “procurar” que “cuando menos” el 2 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte (Sepuit) se destinara a espacios de arte y cultura.

Los integrantes del “Consejo” contarían por ley con “un espacio” para llevar a cabo sus labores en dentro de las instalaciones del ISC y de los institutos municipales, así como apoyos logísticos y financieros para su movilización, en especial cuando se tratase de acudir a reuniones de los propios consejos que contarían con nivel estatal y municipales.

“Otorga atribuciones extra normativas a dependencias  y organismos coordinados por un consejo estatal dirigido por un particular en funciones de presidente […] esto sería la aplicación de recursos aprobados por un ente que no se define como ciudadano revisor, ni como ejecutor de recursos públicos, con una mayoría ciudadana sin especificar si serán cargos con salario o de carácter honorífico”, argumentó el gobernador.

El Poder Ejecutivo estatal asegura que la mencionada legislación invade el objeto de la Ley que Crea el Instituto Sudcaliforniano de Cultura y deroga de manera implícita “la mayor parte del texto actual”; asimismo, aseguró que el Consejo Estatal de Cultura, va “más allá” de ser un órgano de consulta, opinión y planeación, al invadir otras dependencias.

La diputada a cargo, Rosa Delia Cota Montaño, dijo que “no hay plazos” para volver a dictaminar la ley a través de la Comisión Permanente de Cultura y Artes, aunque dijo que buscará “platicar” con el gobernador para determinar el fondo del veto, “si es porque lo hicimos nosotros, le pediría a alguno de los compañeros diputados que lo hagan ellos”, finalizó.