La Paz, Baja California Sur (BCS).- Tras rendir una comparecencia ante los diputados del Congreso de Baja California Sur (BCS), la contralora general, Sonia Murillo Manríquez, reconoció que subsisten irregularidades por 13 millones 954 mil 436 pesos, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras su paso por la Secretaría de Educación Pública (SEP), dirigida por Héctor Jiménez Márquez.

La actual titular de la Contraloría General del Estado (CGE) a propuesta del gobernador, Carlos Mendoza Davis, fue cuestionada por Diario El Independiente para conocer si enfrenta procedimientos penales por estas irregularidades que no han podido ser subsanadas desde 2011, tras haber sido directora de Administración y Finanzas de SEP en el sexenio de Marcos Covarrubias Villaseñor.

“No [hay procedimientos penales], las auditorias son revisiones que se hacen rutinariamente y hay que aclarar algunas situaciones, no necesariamente es como dice usted [“pendientes”];  exactamente, son situaciones que se están llevando a cabo la solventación mediante la exposición de la documentación requerida para ese fin”, dijo la contralora.

“Esos son resultados públicos y son situaciones que hay que aclarar y se van a solventar […] pero son públicos todos los informes de la ASF y están como cuenta pública de las revisiones de esos ejercicios fiscales, de los recursos federales, no hay nada oculto”, agregó para El Independiente.

Por otro lado, Murillo Manríquez fue parte de una mesa de trabajo con diputados de la XIV Legislatura del Congreso de BCS, quienes con punto de acuerdo le requirieron informar sobre el caso de “nepotismo” en que supuestamente ha incurrido Héctor Jiménez Márquez como secretario de educación, tras darse a conocer que su hijo Ángel Isaac cobra dos sueldos distintos, uno en La Paz y otro en Loreto

Negó que se haya abierto un proceso al hijo de Héctor Jiménez como funcionario público, pero expuso que el expediente “CGEPRA/126/2017” fue abierto hacia el titular de SEP “y quien resulte responsable” tras darse a conocer que Ángel Isaac es director del Gimnasio de Usos Múltiples (GUM), así  como trabajador administrativo federal en una secundaria de Loreto.

Se negó también a entregar documentación e información a los diputados sobre los avances de la investigación hacia la SEP, debido a que el expediente mencionado se encuentra en etapa de “investigación”, por lo que “en 2 semanas” podría darse a conocer si la CGE resolverá emitir el “Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa” en caso de ser una falta comprobable.

“[Informar] se considera como una falta administrativa que nosotros pudiéramos cometer, lo señala el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades, que el servidor público tiene la obligación de custodiar la información que tenga bajo su cargo […] de igual manera el artículo 90 señala que si estamos en proceso de investigación es responsabilidad del servidor público el resguardo”, dijo.

“Por ello señalamos el espacio de tiempo para hacernos llegar de los elementos de investigación [entre  5 y 15 días hábiles, declaró previamente], estamos avanzando en ello para poder dar cuenta de los resultados del mismo […] seria cuanto hasta lo que yo podría manifestar”, finalizó.