La Paz, Baja California Sur (BCS).- A pesar de que la Unidad de Transporte y Movilidad del gobierno de Baja California Sur (BCS) se mostró en contra de la llegada de “Uber”, aplicación móvil de transporte privado, ésta no ha recurrido a las instancias operativas para actuar en contra de aquellos automóviles que ya circulan como “socios conductores” y pueden ser contratados a través de un “smartphone”.

Así lo confirmó Julio Mendoza Meza, titular de vialidad y transporte en la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal (DGSPPPTM), quien reveló a Diario El Independiente que la Policía Municipal, al cierre de esta edición, no ha recibido instrucciones para retirarlos, una facultad exclusiva de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte (Sepuit) estatal.

“Estamos a la espera de que nos instruyan a poder realizar algún operativo […] hasta el momento no, estamos esperando que ellos nos informen, pero la gente nos pregunta mucho quiénes son los choferes y qué unidades tienen, pero deben entender que ese es el tema Uber, no se reglamenta, en ninguna parte del país te brindan esa información”, dijo Mendoza.

“Lo que pasa que nosotros el ayuntamiento no tiene injerencia en el tema de las concesiones […] quien instruye, autoriza o quien niega esto es el gobierno del estado, creemos que aquí estaríamos de manera meramente operativa apoyándolos como dice la Ley de Transporte, pero tiene que haber la instrucción de quien otorga la concesión”, agregó.

Al ser cuestionado sobre la legalidad de Uber, se refirió a lo declarado por el titular de la Unidad de Transporte, Jesús Robles, quien dijo que para prestar un servicio de transporte tipo taxi se requiere una concesión; “en cuanto a mí se me requiera para realizar operativos, alguna instrucción superior, obviamente hay que acatarla”, agregó Julio Mendoza.

Por último recordó que existen por lo menos 32 unidades nuevas (modelos 2016 y 2017), operando legalmente sus concesiones de taxi por la ciudad, esto debido a un esfuerzo realizado por los choferes que reconoció, antes violaban la ley mediante  el pago de “una renta por concesión” para circular.

“A ellos se le ha puesto mucha atención y debo puntualizar, que el gobierno del estado el año pasado les entregó 59 concesiones al chofer, ese chofer antes pagaba una renta por concesión ahora lo que pasa es la renta de la mensualidad de un vehículo […] estas unidades son mejores que las unidades que ahorita está presentando Uber”, dijo a este matutino el director municipal.

Inclusive aseguró que el Sitio California implementó un “ajuste de tarifa”, con una reducción del 30 por ciento, con la finalidad de competir con los precios del sistema Uber, que puede representar un ahorro de hasta el 50 por ciento con respecto a una tarifa de taxi con concesión.

Gobierno hace un llamado a la empresa Uber

En relación a las actividades de la compañía Uber en la ciudad de La Paz, el secretario de Planeación, Urbana, Infraestructura y Transporte (SEPUIT), José Luis Escalera Morfín, señaló que hasta el momento la empresa no ha solicitado ni al gobierno estatal, ni municipal permiso para la prestación de servicio privado de transporte de personas. 

Escalera Morfín señaló que el servicio de transporte se ofrece a través de concesiones previstas en la Ley del Transporte del Estado de Baja California Sur, lo que garantiza, entre otras, diversas condiciones de certeza para los pasajeros, como la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil que protege al conductor, al viajero y terceros en caso de accidentes, por lo que invitó a ésta y a cualquier otra empresa a actuar en el marco de la Ley. 

El titular de SEPUIT reconoció que la solicitud de servicios de transporte vía internet es una modalidad muy popular, no solo en México, sino en muchas ciudades en el mundo, que frecuentemente ofrecen servicios de calidad a un precio accesible. “De hecho, este tema se expresó ampliamente en los foros municipales de movilidad que organizamos recientemente. Se señaló la necesidad de contar con modalidades modernas, que hoy nuestra ley no contempla”, dijo Escalera Morfín. 

Asimismo, el funcionario apuntó que actualmente se analiza el marco jurídico existente, las facultades de las autoridades tanto estatales como municipales, así como el escenario de posibles sanciones en las que incurriría un particular que ofrece servicios privados de transporte.