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La reconstrucción de los hogares istmeños afectados por los sismos de septiembre pasado tendrá un costo de cuatro mil millones de pesos, adelantó el gobernador, Alejandro Murat Hinojosa.

Estimó que su administración destinará unos tres mil millones de pesos a la restauración de las escuelas de esa región, y una cifra similar para reparar templos, casas de cultura y mercados, catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El Istmo se va a reconstruir, incluso esta semana se entregaron unas 63 mil tarjetas, para igual número de hogares que fueron devastados, pero ya hay más de mil millones de pesos que se ha dispersado en la reconstrucción", expuso en su Primer Informe de Gobierno.

Sin embargo, a más de dos meses del movimiento telúrico que dejó un saldo de 98 muertos, los afectados documentan inconsistencias en la entrega de las tarjetas electrónicas de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

En Asunción Ixtaltepec una decena de afectados denunciaron que el Bansefi les entregó tarjetas bancarias canceladas, por lo que no han podido disponer de dinero en efectivo para utilizarlo en la reconstrucción de sus viviendas.

Clara Castillejos Toledo informó que recibió las dos tarjetas, conteniendo un depósito de 15 mil pesos, para el pago de mano de obra, y otra para la compra de material de construcción, ante la pérdida total de la casa.

Sin embargo, explicó que cuando intentó retirar el capital en un cajero automático del Banco del Ejército, descubrió que estaban vacías.

Ante esto, se comunicó a las oficinas centrales de Bansefi, en la Ciudad de México, para conocer la situación, donde le informaron que esa tarjeta estaba cancelada, pues no figuraba en el censo de damnificados.

A su vez, expuso su problema en las redes sociales, sobre todo porque dos recamaras de las que quedaron en pie fueron demolidas recientemente, y hoy pernocta en la calle. Días después, Clara confirmó que recibió dos nuevas tarjetas bancarias con saldo.

Subrayó que espera la instalación de la mesa de apoyo jurídico, que prometió el gobierno del estado, para formalizar su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia.