La Paz, Baja California Sur.- Gabriela Cisneros Ruíz, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), condenó los recientes hechos violentos en donde perdiera la vida el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y uno de sus hijos, situación que aseguró, deja ver que el gobierno de Baja California Sur (BCS) no cuenta con una estrategia para la protección de los ciudadanos.

Expuso que la militancia tricolor y la ciudadanía en general han manifestado su indignación y el temor que causó el ataque dirigido a Silvestre de la Toba Camacho, por lo que la presidente reiteró su consternación por la seguridad de los sudcalifornianos, quienes como respuesta del Ejecutivo han recibido una explicación basada en “hechos aislados, culpas y buscar justificaciones”.

“Estamos indignados, preocupados asustados con todo el tema […] el ombudsman es la representación de la defensa de la ciudadanía, de los derechos de la ciudadanía, entonces es un mensaje muy duro, muy fuerte, donde se ve reflejada la falta de estrategia para la protección hacia nosotros como ciudadanos”, dijo Gabriela Cisneros.

Dijo necesario que el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dé “respuestas” ante los hechos de violencia, al considerar que no ha logrado llegar al final de cada uno de los hechos, por lo que “no hay parámetro” ni “evaluación” posible para su labor como fiscal general de BCS en los últimos 2 años.

Criticó la falta de seguridad mostrada por el gobernador Carlos Mendoza Davis, tras rendir un informe para “gente seleccionada” y cerrado para los demás sudcalifornianos, por lo que hizo hincapié en que “si él no se siente seguro de estar en un evento con la ciudadanía, imagínate cómo estamos cada uno como ciudadanos, sin protección”.

“Estamos preocupados y exigiendo que se nos den respuestas a lo que le han dado carpetazo, a lo que tenía solución en 15 minutos en campaña y que es la más grande indignación, en un informe de gobierno donde solamente permitieron entrada a gente seleccionada, no se abrió a la ciudadanía un informe porque no tenía respuestas para dar, mucho menos en seguridad”, agregó.

Finalmente reiteró que la estrategia de seguridad para los sudcalifornianos es competencia del gobierno estatal, mientras que el gobierno federal tiene la obligación de “ayudar y apoyar”, misma que ha cumplido con el reciente envío de fuerzas federales a la media península para sumarse a las tareas del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública.