CIUDAD DE MÉXICO.

La neutralidad de la red en Estados Unidos se encuentra en riesgo, ya que una propuesta de la Comisión Federal de Comunicaciones (CFC) podría hacerla desaparecer, sentando un precedente para que la misma medida se tome en otros países donde este tema aún no está regulado o se está analizando.

Es importante porque se trata del principio por el cual los proveedores de servicios de internet no pueden ofrecer un trato preferencial en ciertos contenidos, por ejemplo, cobrar diferentes tarifas dependiendo de si el internet se usa para leer correos electrónicos o ver series en streaming.

Fue en 2015, durante la administración del presidente Barack Obama, cuando la Comisión decidió en una reñida votación regular a favor de la neutralidad de la red al considerar internet como un servicio básico.

Sin embargo, con la entrada del mandatario Donald Trump y el nombramiento de Ajit Pai como presidente de la Comisión, otra vez se está analizando si es necesario mantener este principio, y ya se cuenta con un proyecto llamado “Restauración del orden de la libertad en Internet”, a ser votado el próximo 14 de diciembre.

De acuerdo con Efrén Páez, analista en jefe de Mediatelecom, el argumento de Pai para esta propuesta es que “supuestamente le han presentado proyectos que no podrían ser hechos bajo las actuales reglas”, como pueden ser nuevas redes e infraestructura, y se coarta la innovación.

Indicó que los riesgos de esta propuesta radican en que la estructura de internet como se ha visto hasta ahora, es decir, un tráfico libre de interferencias podría cambiar completamente.

A FUTURO

Consideró que, de momento, todavía no se puede estar seguro sobre el comportamiento y las ofertas que tendrán los operadores si se vota a favor del documento.

De aprobarse, resaltó que esto no tendría ningún tipo de efecto en México o en otro país. Sin embargo, las acciones de los operadores serán los que establezcan un antecedente si comienzan a ofrecer un internet a diferentes velocidades y costos. 

En su opinión se requiere una ley que considere la complejidad de la administración de una red de telecomunicaciones, que incluye cuestiones técnicas y económicas.