La Paz, Baja California Sur.- Dos auditorías a fondos federales usados por el Ayuntamiento de Los Cabos revelaron irregularidades por más de 74 millones de pesos, entre los que destacan pagos no autorizados, entrega de ayuda a personas que no están consideradas en extrema pobreza y retenciones no enteradas a instituciones de salud. 

La Auditoría Superior de la Federación encontró que durante el primer año de gobierno del alcalde Arturo de la Rosa Escalante se gastaron más de 20 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y del Distrito Federal (FISMDF) en obras y compra de insumos que fueron entregados a personas que no estaban en pobreza extrema, tal como lo exigen las reglas de operación de dicho fondo. 

Por ejemplo, se construyeron habitaciones adicionales en Cabo San Lucas, San José del Cabo, Santiago y otros lugares en casas de personas que no se encontraban en pobreza extrema, de acuerdo con los auditores.

Estos tampoco consideraron en pobreza extrema a rancheros de La Cieneguita, La Candelaria, Santiago, Palo Escopeta y Boca de la Sierra, entre otras localidades, que recibieron del gobierno municipal motobombas, estufas, ordeñadoras, desplumadoras, extractores, cercos, sistemas fotovoltaicos, módulos para pollos, para cría de chivas y tanques de almacenamiento de agua. 

Aunado a esto, el ayuntamiento local no licitó algunas de las compras realizadas tal como lo pide la ley y realizó en cambio compras tras realizar invitaciones a tres personas o mediante adjudicación directa. 

Además, el ayuntamiento de Los Cabos pagó con dinero de dicho fondo pavimentación de calles y la ampliación de red eléctrica en colonias donde no hay gente en extrema pobreza, y utilizó los 40 millones como "caja chica" ya que le hizo retiros a la cuenta del fondo por 10.4 millones de los que le falta regresar 1.2 millones.

Los auditores federales también encontraron irregularidades por casi 50 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamundf), el cual el gobierno municipal usó principalmente para el pago de la nómina de la policía municipal. 

El ayuntamiento pagó casi un millón de pesos en viáticos y mantenimiento de unidades de la dirección de seguridad pública pero olvidó presentar las facturas. Además, pagó casi un millón de pesos a personas cuyos puestos no estaban autorizados y pagó 21 millones de pesos a 107 policías que no tenían el grado de estudios requerido por la ley. 

La cuenta con el dinero de dicho fondo también fue usada "a discreción" por parte del Ayuntamiento de Los Cabos, que realizó transferencias a otras cuentas por un total de 19.3 millones de pesos, pero solo regresó alrededor de 5 millones de pesos, por lo que sigue pendiente de ser depositado de nuevo en el fondo al menos 14.2 millones de pesos. 

El gobierno municipal también reportó que del dinero de nómina pagado con dicho fondo, se les retuvo a los trabajadores 9 millones de pesos en aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y más de 11 millones para el Fondo de Vivienda del ISSSTE, pero ese dinero nunca llegó a ambas instituciones. 

Tampoco pagó el gobierno estatal, deudor solidario del ayuntamiento, los 20 millones de pesos que se deben a ambas instituciones, por lo que los auditores federales pidieron al ISSSTE y al FOVISSSTE que instruya a quien corresponda para que audite al gobierno local, para saber si está cumpliendo con sus obligaciones fiscales.