La Paz, Baja California Sur.- Con la creación de una fiscalía especial para resolver el caso de los asesinatos de Silvestre de la Toba Camacho y su hijo de 20 años nuevamente se recurre a una salida política de algo que debe resolverse en tribunales, afirmó Arturo Rubio Ruiz, presidente del Colegio de Abogados Posgraduados. 

El abogado descalificó el nombramiento de Bernardo Soriano Castro como fiscal especial del caso, debido a que no se encuentra calificado, afirmó en entrevista.

"El fiscal especial que se nombró es un muchacho cuyo único mérito es haber sido abogado de la familia en un asunto muy mediatizado donde mataron a otro abogado", dijo Rubio Ruiz durante la entrevista.

"No ha integrado un solo expediente de averiguación previa, no ha llevado un solo juicio, no esta certificado en el nuevo sistema y ahora quieren que lleve la carpeta", dijo Rubio Ruiz, quien afirmó que hay más de 15 profesionales del derecho que trabajan en la procuraduría y que tienen más experiencia y capacidad. 

Dijo que a nivel local hay malos antecedentes en cuanto a procuración de justicia, y que en un caso reciente, una persona señalada como asesino estaba en prisión cuando ocurrió el crimen del que se le acusaba. 

"A mí me da miedo que digan fiscalía especial porque es sinónimo de fracaso en la investigación" que debe buscar "proteger al inocente, castigar al culpable y reparar el daño", sostuvo.

Sostuvo que mientras la procuración de justicia no sea totalmente independiente, se seguirán resolviendo asuntos jurídicos mediante la política. "Mientras la seguridad pública esté en manos del coordinador de la política local no va a ocurrir, se debe buscar la autonomía de los encargados de perseguir el delito", agregó.