La Paz, Baja California Sur (BCS).- El titular estatal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Gustavo Hernández-Vela Kakogui, aseguró  a Diario El Independiente que existen mecanismos de sanción para aquellos gobiernos federales, estatales y municipales a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), el Tribunal Burocrático y en última instancia, el Poder Judicial Federal (PJF).

Inclusive dijo que a través de la promoción de un juicio de amparo, es cuando los tribunales federales podrán imponer sanciones para que cualquier trabajador apartado “A” o “B”, pueda demandar el cumplimiento de cualquier garantía laboral o prestación, con la finalidad de obligar al pago de la misma e incluso sancionar al servidor público responsable.

“Claro que hay mecanismos y por supuesto que son los tribunales del Poder Judicial de la Federación quien puede imponer en última instancia estas sanciones […] cuando cualquier entidad federal, estatal o municipal, incumple con alguna prestación o garantía laboral de cualquier trabajador apartado A o sea apartado B”, dijo el Secretario del Trabajo estatal.

El Ayuntamiento de La Paz descontó el año pasado más de 46 millones de pesos a trabajadores por concepto de pagos al Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de Impuesto sobre la renta (ISR), dinero que no enteró a las instancias correspondientes, de acuerdo con una auditoría federal. 

La auditoría al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) 2016 reveló que pese a que el gobierno estatal es deudor solidario, al menos 40 millones de pesos descontados a los trabajadores no han llegado al ISSSTE. 

Debido a esto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió al ISSSTE que notifique a la autoridad competente para que audite al Ayuntamiento de La Paz  a fin de constatar que está cumpliendo con sus obligaciones fiscales debido a que no proporcionó evidencia de haber enterado los pagos al instituto. 

El Ayuntamiento de La Paz también retuvo a trabajadores que recibieron salarios con dinero de Fortamun 8.3 millones de pesos de ISR de los meses de enero a diciembre de 2016, pero solo enteró lo retenido en el mes de enero, quedando pendientes 6.3 millones de pesos que comprenden de febrero a diciembre. 

Finalmente la ASF dio vista al Servicio de Administración Tributaria para que audite al ayuntamiento a fin de constatar si está cumpliendo con sus obligaciones fiscales por las retenciones al ISR no enteradas.

Una auditoria federal reveló pagos irregulares por más de 23 millones de pesos en el área de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Los Cabos encabezado por Arturo de La Rosa Escalante, la mayoría de estos a policías municipales que no tenían el grado de estudios requeridos.