La Paz, Baja California Sur.- El representante de Atención a Víctimas del Delito, Arturo Rubio Ruiz, hizo pública una denuncia en contra del Ministerio Público de San José del Cabo, instancia a la que acusa de proteger a delincuentes. 

Rubio Ruiz expuso el caso en el que una ciudadana compró a plazos un vehículo importado a un yardero, el cual estaba descuadrado, situación de la que se percató la víctima al tener que cambiar las llantas. 

Al percatarse del defecto del vehículo, la mujer pidió la devolución de su dinero o el cambio de unidad, solicitud a la que se negó el yardero. La víctima denunció el hecho ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sin embargo, lejos de solucionar su problema, la situación empeoró. 

Según relata Arturo Rubio, el yardero mandó a un asociado en Ensenada a denunciar el robo del vehículo en cuestión, por lo que el Ministerio Público de esa ciudad levantó la querella y reportó la unidad en la plataforma correspondiente. 

La mujer denunciante fue detenida por la Policía Federal cuando viajaba en el vehículo en cuestión. Fue privada de su libertad y puesta a disposición del Ministerio Público de San José del Cabo, a pesar de que acreditó que adquirió legalmente la unidad antes de que fuera reportada como robada. 

Tras ser liberada, el Ministerio Público se negó a devolverle el vehículo a la ofendida y le indicó que si quería recuperar la unidad, tendría que ir hasta en Ensenada para solicitarlo a la Procuraduría de esa ciudad. 

“La ofendida denunció al yardero y a su asociado, por el delito de falsedad en declaraciones, y lo que resulte, y acudió ante la Subprocuraduría de Justicia en La Paz, donde le indicaron que debería solicitar el aseguramiento ministerial de su vehículo, y –eventualmente— ser designada como depositaria del mismo” 

“Al regresar a San José del Cabo, no pudo comparecer en la carpeta de su denuncia, porque el Coordinador de agentes del Ministerio Público le negó el acceso a la misma, le indicó que su denuncia no procedía y que tenía que ir a Ensenada si quería recuperar su vehículo. La trató de forma descortés y ofensiva, pues la llamó ´argüendera´, entre otras expresiones peyorativas, de las cuales obra registro de audio, pues la ofendida grabó en secreto la entrevista”, comentó el abogado. 

La víctima deberá recurrir a la Justicia Federal para recuperar su vehículo, puesto que su denuncia fue “extraviada” y desechada. 

La denunciante acudió ante la Contraloría Interna y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero no tiene fecha para una respuesta a sus demandas.