ISIFE dio a conocer que estos “ahorros” se logran al construir nuevos espacios, servirán para entregar cercos perimetrales, rehabilitaciones y sanitarios
La Paz, Baja California Sur.- El director del Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa (ISIFE), Carlos Rivas Lizaola, expuso que se han acumulado alrededor de 13 millones de pesos de remanentes de programas y obras educativas en Baja California Sur (BCS), los cuales serán invertidos en diversas demandas en planteles educativos de la media península.
En entrevista para El Independiente, Rivas Lizaola expuso que esto gracias a diversas economías que se logran después de llevar a cabo la planeación y edificación de nuevos espacios, el cual es el objetivo “principal” de la institución; en este sentido, expuso que se pueden atender temas de primera necesidad para las instituciones públicas.
“Con este recurso remanente de diferentes programas es que podemos atender otro tipo de necesidades como cercos perimetrales, rehabilitaciones, sanitarios, que es el uso y el destino que le estamos dando a los recursos que quedan como remanentes de los programas […] en este año se han generado alrededor de 13 millones de pesos”, advirtió el funcionario estatal.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel estatal, informó que existen más de 100 escuelas con problemas de red eléctrica, al ser planteles construidos hace más de 40 años; además, por lo menos 700 escuelas de la entidad, es decir, 1 de cada 3 instituciones requieren un “mantenimiento mayor” por su mal estado.
“Poco a poco vamos en esta estrategia de darles mantenimiento a estas escuelas, escuelas de más de cuarenta años traemos algunas donde ya crecieron de una manera marginal, hubo quienes construyeron incluso algunos salones que poco a poco se fueron desechando”, indicó el titular de SEP para este matutino.
Finalmente, explicó que el ISIFE no se encarga de realizar los dictámenes de las condiciones que guardan las instituciones públicas, sino que estos son realizados por instancias o consultoras privadas, quienes se encargan de determinar si las instalaciones educativas “cuentan con la seguridad suficiente” para operar.