La Paz, Baja California Sur.- La contralora general del Estado de Baja California Sur (BCS), Sonia Murillo Manríquez, se refirió a la información vertida sobre la presunta doble plaza del hijo de Héctor Jiménez Márquez, secretario de educación pública, como “verdades a medias” y a pesar de que se negó a dar mayor información, en un punto de la entrevista para El Independiente adelantó que no “existe” alguna prueba contundente de estos “dichos” en redes sociales.

Por otra parte negó algún conflicto de interés en el debido proceso que llevará la Contraloría General del Estado (CGE) debido al hecho de haber tenido cargos de confianza en la Secretaría de Educación Pública (SEP) entonces dirigida ya por el funcionario involucrado, antes de haber sido propuesta por el gobernador Carlos Mendoza Davis como contralora general y aprobada por el Congreso en pleno.

“Es lo que nosotros estamos revisando [...] ya nosotros lo tenemos y es lo que estamos documentando, son situaciones a medias y no existe eso [...] lo estamos revisando y lo estoy documentando para no darle verdades a medias y es lo que le estoy diciendo”, dijo Sonia Murillo Manríquez para este matutino.

“No [hay conflicto de intereses], es una situación que se está realizando y no puedo yo escatimar en recursos para esclarecerlo y no es un dicho, es con documentación con que nosotros vamos a poder informar y por qué vamos a llegar a un procedimiento, o no, es con documentación oficial”, dijo ante el cuestionamiento de medios locales.

Agregó que así como el hijo de Héctor Jiménez, algunos otros maestros que han obtenido diversas plazas en el Fondo para el Pago Educativo (FONE), han tenido una equivocada difusión en medios de comunicación que no se apega a la realidad.

Expuso que el procedimiento administrativo inició oficialmente el día 13 de octubre, mediante una solicitud de información hacia el titular de la SEP, la cual habría sido contestada y revisada para una nueva solicitud en curso, por lo que la contralora reiteró en diversas ocasiones que no daría mayor información para no perjudicar a los involucrados en el proceso.

“Nosotros tenemos que terminar la investigación para poder darle respuesta, sin embargo, sí le puedo decir que hay información a medias que ha salido en los medios, de alguna manera cómo ha sucedido en otros casos [...] si yo le revelo algo en medio del proceso, soy yo la que estoy puedo dañar a la persona que estamos revisando”, añadió.

Dijo que la ley no contempla ningún límite de tiempo para llevar a cabo la conformación y el fortalecimiento del expediente que elabora la CGE, no obstante, adelantó que en “unas semanas” contará con mayores elementos para poder informar y emitir alguna resolución sobre el caso, que podría derivar o no en alguna sanción.

Se dijo dispuesta a comparecer ante los diputados que así lo solicitaron y respecto a la posible intervención de la Secretaría de la Función Pública (SFP), solicitada por el Poder Legislativo, dijo que ellos podrán pedir lo que consideren adecuado; no obstante, advirtió que a través de convenios de colaboración suscritos entre ambas dependencias, es posible que ésta se apoye en la información que emite la propia contraloría local.


“Puede solicitarlo, pero también la Función Pública, como es un asunto del estado, no puede y tenemos convenios de colaboración, puede solicitar al estado [darle seguimiento], no lo podemos limitar, cada quien puede decir como ahorita yo les estoy diciendo pero hay verdades que por una parcialidad podemos hacer crearnos una expectativa que no es”, finalizó.