La Paz, Baja California Sur (BCS).- Luego de que el líder del Sindicato de Gastronómicos, Alberto Rentería, hiciera un llamado al gobernador del Estado Carlos Mendoza para destituir al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Baja California Sur (BCS) Cecilio Padilla y al secretario del Trabajo, Gustavo Vela Kakogui, el representante de la junta no emitió declaración alguna al respecto, señalando al Diario El Independiente que no tenía opinión alguna al respecto.

Cecilio Padilla expresó para este matutino que aún no han sido notificados sobre la resolución que dio a conocer el Sindicato de Gastronómicos la mañana del martes, mencionando que cualquier tipo de resolución que les ordene hacer, se efectuará de acuerdo a lo que marquen las respectivas autoridades.

"Hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación por parte del Tribunal Superior, y en cuanto estemos notificados estaremos prestos para darle el cumplimiento que le corresponda, así como en cualquier procedimiento, esto no es un tema exclusivo por ser del Sindicato de Gastronómicos [...] recordemos que cuando se siente agraviado por una autoridad, desde luego puede interponer un amparo, si hay una consideración de las autoridades donde hayamos omitido algo en su resolutivo ellos nos lo ordenan para que volvamos a emitir o bien, que nos comuniquen que la resolución que emitimos esté dentro del marco legal", dijo al Diario.

Cabe señalar que el papel de la junta es meramente jurisdiccional, es decir, trabaja como un tribunal laboral donde le corresponde dictar justicia derivado de un procedimiento, donde una de las dos partes demanda al contrario haciendo una petición laboral, por lo cual el demandado tiene que acudir a defenderse ante la instancia, donde al final del procedimiento la Junta de Conciliación determina a quien le corresponde la razón.

Finalmente, el presidente de la junta indicó que cualquier persona que sea parte de algún procedimiento gubernamental y se sienta agraviada por tales circunstancias, tiene el derecho de interponer los recursos que la ley marca, como son amparos directos o indirectos, para que de esta forma, una autoridad superior dicte si la junta lleva razón en su dictamen o bien, si debe resolver nuevamente acorde a lo que señale la normatividad.