La Paz, Baja California Sur.- El presidente municipal de La Paz, Armando Martínez Vega, aseguró que “estamos presionando por todos los medios” a la Procuraduría General de la República (PGR), después de que interpusiera 22 denuncias en contra de quien resulte responsable de la administración de su predecesora, Esthela Ponce Beltrán, por un daño al erario de alrededor de 822 millones de pesos.

El alcalde aseguró que los asuntos competentes a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur (BCS), “ya hay alguna procedencia”, no obstante criticó la “lentitud” de la instancia federal, cuya fiscalía especializada no ha entregado proceso judicial alguno respecto a la auditoría forense que Martínez Vega ordenó y entregó al inicio de su mandato.

“Seguimos nosotros con temas jurídicos, ya hay alguna procedencia en temas que competen a Procuraduría del Estado, en tema de PGR ustedes saben que había mucha lentitud, nos amparamos, nos acaba de llegar un comunicado por ahí que en esta próxima semana nos van a dar algún resultado”, dijo el presidente municipal para este matutino.

“Estamos presionando por todos los medios para que el tema de PGR se solucione, esas 22 demandas por alrededor de 822 millones de pesos, que lo repito nuevamente, nos están frenando algunos programas porque en tanto no se resuelve pues tenemos vetados esos programas”, agregó Armando Martínez Vega.

Continúa la demora de la PGR en la judicialización de las carpetas de investigación contra actos de la gestión de la expresidente municipal de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, aseguró por su parte Santiago Leal Amador, director general de la Consejería Jurídica del XV Ayuntamiento, quien subrayó que la actual administración está a punto de concluir.

El abogado municipal expuso que si bien las denuncias fueron formuladas con los resultados de la auditoría forense y no en contra de personas en específico, citando un principio de derecho: “dame los hechos y te daré el derecho”, por lo que dijo que el presidente municipal Armando Martínez Vega continúa a la espera de que la fiscalía especializada a cargo cumpla su labor.

“Las cosas no han ido tan rápido como nos gustaría o nos hubiera gustado, no olvidar que esta administración también ya casi va de salida […] lo menos es una responsabilidad como servidor público y hay un delito, hay un delito por la omisión del servidor público, por el uso indebido de ejercicio de funciones y facultades, ese es un delito”, aseguró Leal Amador para este matutino.

“Nosotros le dimos los hechos a la PGR y la PGR, con la obligación que tiene como fiscal del estado tiene que establecer el derecho, qué delito es el que se configura; por ejemplo, hay peculado si se demuestra que los recursos federales que no aparecen los usaste para tu beneficio y hay un sinnúmero de figuras delictivas que nosotros pudimos haber dicho”, agregó el abogado.

Por otra parte sobre las declaraciones en las que la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) negó haber sido llamada a declarar por estas carpetas, aseguró que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) no plantea como requisito indispensable un citatorio previo a una audiencia, por lo que no quedaría impedida de ser requerida por un juez o vinculada a proceso.