La Paz, Baja California Sur (BCS).-  Eran las 8:00 de la mañana del jueves 19 de octubre, cuando los uniformados comenzaron a arribar a las instalaciones de la Policía Municipal, no eran sólo aquellos agentes que son acusados de reprobar exámenes de Control y Confianza; por  primera vez, la corporación se vestía de solidaridad policiaca.

Más de cien policías arribaron para que sus voces se hicieran escuchar. El repudio principal fue aquello que calificaron como un opaco y abusivo proceso de depuración policiaca, basado en un examen del cuál no existe evidencia alguna, aseguran los inconformes.

En las instalaciones de la corporación policiaca, los agentes expusieron que en total 65 elementos habían sido despedidos en las últimas semanas, el temor se propago entre el gremio de la seguridad al escuchar rumores de que posiblemente serían 120 los que sean dados de baja.

Con ese temor e incertidumbre de quedarse sin trabajo, los policías despedidos apoyados por todos los agentes de la corporación marcharon en protesta desde las instalaciones de la Policía Municipal hacia el Ayuntamiento de La Paz, y desde el Palacio Municipal hacia el Congreso del Estado.

Uno a uno cada agente se hizo escuchar. En cada experiencia del despido policiaco había una constante: la poca trasparencia con la que se llevó a cabo el proceso.

Los policías afectados comentaron que alguno de ellos fue notificado sobre su despido después de haber sido dado de baja de la corporación, según éstos, con la intención de que los uniformados no interpusieran los recursos legales a los que tienen derecho.

“Pedimos una oportunidad para defendernos en un juicio justo, con un trato digno”, expuso uno de los policías despedidos.

Sin decir sus nombres, en una clara colectividad, los policías partieron a las 9:00 horas hacia el Palacio Municipal, con el objetivo de que sus autoridades dieran la cara por fin.

“Las autoridades no dan la cara. Pedimos audiencia con Godofredo Contreras  y Álvaro de la Peña Angulo, han pasado 15 días que llevamos esperando a las autoridades y nada. Sin salario, sin servicios médicos. No nos han dejado defendernos”

Subiendo por la calle Colima, tomando la Forjadores, bajando por Colosio, la movilización de más de cien agentes policiacos llegó al Ayuntamiento de La Paz, con gritos y consignas que dejaban ver la furia colectiva de los elementos despedidos y la solidaridad de sus compañeros que no los dejaron solos.

“Aquí nos vamos a quedar hasta que salga el secretario general o los regidores cobardes que tenemos”, dijeron al llegar al Palacio Municipal.

Afuera el Ayuntamiento los gendarmes aseguraron que la vigilancia y protección no se detuvo en La Paz, puesto que los oficiales  que se manifestaron no estaban en turno.

“Qué Armando Martínez que tenga humanismo y que hablé con los compañeros que le prestaron servicio. La policía es repudiada por la sociedad pero cuando nos ocupan ahí estamos”, gritó un agente municipal jubilado, padre de uno de los efectivos que fueron dados de baja.

Las historias continuaron: desgastes físicos por entregarse a la corporación, décadas de servicio que acabarían con el despido por “no se aptos en el examen de Control y Confianza”,  familias que se quedan sin sustento.

Una mujer se acercó a los medios, con un tono de voz bajo, entrecortado por la emoción, expuso que a pesar de ser un elemento administrativo de la instancia, también fue notificada sobre su despido.

“Jamás he faltado a mi trabajo, mis jefes y mis compañeros saben que soy una persona responsable que cumple con el trabajo, ni siquiera pertenezco al área operativa”

El reclamo policiaco se intensificó cuando pasaban los minutos y ninguna autoridad del Ayuntamiento se hacía presente.

El secretario general del Ayuntamiento, Juan Carlos González Bareño, salió en compañía de otras autoridades del Municipio, para hablar con los inconformes, sin embargo, lejos de apaciguar la molestia colectiva, los trapitos al sol  comenzaron a salir.

“Godofredo Contreras también reprobó el examen de Control y Confianza y sigue como encargado de despacho de la Policía Municipal”, vociferaron ante la molestia.

Balbuceos de la autoridad, reclamos nuevamente puestos sobre la mesa y el dialogo no llevó a ningún lado. El secretario general simplemente les recomendó que se fueran por la vía del amparo, al justificar el despido porque es un mandato federal, como si el Ayuntamiento no tuviera vela en el entierro.

Al no encontrar respuesta ni apoyo, mucho menos consuelo, los gendarmes se desplazaron hacia el Congreso del Estado. En medio de la sesión, los policías abarrotaron el recinto legislativo, para exigir que los legisladores tomen cartas en el asunto, que participarán y sirvieran como intermediaros.

“¿Qué son malos elementos? cómo o van a saber si no tuvieron oportunidad de defenderse. Todo ser humano tiene derecho a defenderse. Laboralmente se les atacó por ese lado: se les bloqueó la quincena, el servicio médico”

“Queremos que los traten como seres humanos, que les den oportunidad de defenderse. No tenemos ni bonos de riesgo, no tenemos muchas prestaciones que deberíamos tener”, habló un elemento ante los diputados.

El recinto legislativo se convirtió en una cámara de desahogo ante la frustración clara que hay en el gremio de policías. La diferencia de sueldos que hay entre la corporación Estatal y la Municipal salió a relucir como una de las tantas muestras de menosprecio, que dicen los agentes, que sufren.

“El Policía Municipal gana la mitad de lo que gana el Policía Estatal,  dicen que es por falta de cultura  cuando a veces estamos hasta las 6 de la mañana trabajando, dónde no se nos paga tiempo extra”

Los diputados de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Edson Gallo y Camilo Torres formaron una comitiva para atender el reclamo policiaco y ver qué pueden hacer ante la principal petición de los quejosos: la restitución de los agentes dados de baja.

Los uniformes azules se fueron retirando del Congreso, ante lo que parece ser el comienzo de una guerra santa que se abre entre policías y autoridades, donde los gendarmes acusan de corruptos y poco transparentes a sus directivos, y las instituciones señalan como no aptos y reprobados a sus oficiales.