La Paz, Baja California Sur.- Tras un intenso debate legislativo y un empate de 10 votos en contra y a favor, la presidente de la mesa directiva del Congreso de Baja California Sur (BCS), Diana Von Borstel Luna, del Partido Acción Nacional (PAN) tuvo el voto de calidad y se aprobó el punto de acuerdo para revisar el trabajo de la titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Sonia Murillo Manríquez.

Esto después de que la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través del diputado Joel Vargas Aguiar, planteara el caso de la “doble plaza” federal y estatal, como administrativo de una secundaria en Loreto y director del Gimnasio de Usos Múltiples (GUM) en La Paz, de Ángel Isaac Jiménez Peñaloza, hijo del titular estatal de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En estrado, Vargas Aguiar expresó la necesidad de que la CGE iniciara un procedimiento administrativo, pero además que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inicie sus propias investigaciones al referirse a una plaza federal que se paga con recursos provenientes de ese presupuesto.

A esto último se opuso el diputado Alfredo Zamora García del PAN, quien al debatir mostró un documento para demostrar que Sonia Murillo Manríquez emitió un oficio a Héctor Jiménez Márquez para solicitar la información respectiva al caso, aunque posteriormente no quiso entregarlo a nadie; además, dijo desconfiar de la SFP por ser una instancia que ha demostrado su parcialidad y se opuso a dirigirles oficio.

Fue entonces que Vargas Aguiar propuso entonces modificar su punto de acuerdo para que se requiriera a la contralora un informe “exhaustivo, claro y preciso”; no obstante tanto la diputada Irma Patricia Ramírez Gutiérrez del PRI, como Camilo Torres Mejía del Partido del Trabajo (PT), agregaron al dictamen la realización de una mesa de trabajo pública con la funcionaria.

Los diputados que votaron a favor del dictamen fueron: Edson Gallo Zavala, Venustiano Pérez Sánchez, Norma Peña Rodríguez y Diana Von Borstel Luna (voto de calidad) del PAN; además, Joel Vargas Aguiar, Amadeo Murillo Aguilar e Irma Patricia Ramírez del PRI, Camilo Torres del PT, Guadalupe Rojas de Morena y Rosa Delia Cota Montaño, diputada independiente.

En contra, votaron: Guadalupe Saldaña Cisneros, Maritza Muñoz Vargas, Sergio Ulises García Covarrubias, Alejandro Blanco Hernández, Rodolfo Davis Osuna, Alfredo Zamora García, Marco Antonio Almendáriz Puppo y Araceli Niño López del PAN; así como Eda María Palacios Márquez y Francisco Javier Arce Arce del PRS.

Después de un intento de votación económica sin éxito para el dictamen, se dispuso que la votación se llevara a cabo de forma “nominal” (de manera individual), lo que ocasionó controversia dentro de la fracción y derivó en que la decisión recayera en manos de Diana Von Borstel, también presidente de la Comisión de Asuntos Educativos del Poder Legislativo.

“No sabemos la posición que ha tomado el secretario de educación pública, no la conocemos, ni su hijo, ni tampoco la contralora […] todos debemos ser sujetos y no nos debe dar miedo, que la revisión y la rendición de cuentas […] seguramente quien va a tener miedo, o quien no va a querer es quien anda mal, creo que eso nos saca que al final, varios de ellos lo percibieron”, indicó la diputada.

Cabe destacar que Amadeo Murillo Aguilar del PRI, al participar en el estrado dijo desconfiar del trabajo de la contralora Sonia Murillo Manríquez, cuyo “jefe” fue el propio Jiménez Márquez, cuando ella se desempeñó como contralora de SEP durante el gobierno de Marcos Covarrubias Villaseñor, en donde advirtió “hay un pendiente” de varios millones con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que no ha sido subsanado.